En el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como La Tramacúa, el personal administrativo del Inpec llevó a cabo la mañana de este martes 30 de septiembre la asamblea informativa número 12 para exigir al Gobierno Nacional la firma del decreto que les otorgue la prima de riesgo, un beneficio que, según denuncian, llevan más de 20 años esperando.
Duberlis Patricia Medina, responsable del área de Atención y Tratamiento, explicó que esta prima es un derecho que históricamente ha sido reconocido únicamente al cuerpo de custodia y vigilancia, a pesar de que el personal administrativo también enfrenta peligros dentro del penal.
“Estamos pidiéndole al Gobierno, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa y al Inpec que nos reconozcan la prima de riesgo. El personal administrativo tiene más de 30 años exigiendo este beneficio y aún no se nos cumple. Nosotros también atendemos a la población privada de libertad, ingresamos a patios y realizamos programas de resocialización sin ningún elemento de defensa, solo con el conocimiento y las ganas de cambiar esta sociedad”, manifestó Medina.
Le puede interesar: Elkin García aceptó haber asesinado a joven de 23 años en La Jagua de Ibirico, Cesar: el hecho quedó grabado en cámaras: En La Tramacúa, personal administrativo insiste en prima de riesgo: “No solo custodia enfrenta peligros”La funcionaria agregó que el decreto que permitiría el reconocimiento de este beneficio ya se encuentra en el Ministerio de Justicia, pendiente de aprobación, para luego pasar al Ministerio de Hacienda y, finalmente, a la Presidencia de la República para su firma. “Esperamos que el Gobierno le dé prioridad porque es una necesidad y un riesgo que asumimos a diario”, precisó.
En La Tramacúa trabajan 25 funcionarios administrativos, mientras que a nivel nacional son más de 3.000 los empleados del Inpec que esperan la firma del decreto. Entre ellos se encuentran psicólogos, trabajadores sociales e instructores que, a pesar de desempeñar labores administrativas, tienen contacto directo con los internos en actividades de reinserción social.
El personal anunció que continuarán las asambleas informativas hasta obtener una respuesta definitiva del Gobierno Nacional, reiterando que su labor en un centro de alta seguridad también los expone a los mismos peligros que enfrenta el cuerpo de custodia.
Redacción judicial / EL PILÓN
