En  conocimiento de la Procuraduría fue puesto el caso del convenio  suscrito entre la alcaldía de Chiriguaná y una ONG para desarrollar un programa de control de piojos en la población infantil de Chiriguaná. Los quejosos cuestionan el hecho que el proyecto bien pudo haberse desarrollado a través del Hospital San Andrés, que cuenta con el conocimiento y la logística para ejecutarlo.
Se trata del convenio de cooperación número 077 del 2 de diciembre de 2011 suscrito entre el Municipio de Chiriguaná, Cesar, representado por el entonces alcalde, Ramón Díaz Corzo y la Cámara Junior de Colombia, capítulo Valledupar cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para realizar la campaña educativa para la erradicación de pediculosis en niños y niñas de población vulnerable de dicho municipio.
En el convenio figura como cooperante la Fundación Social Metropolitana San Vicente-FUSOMET, representada por Erika Patricia Ariza Carracedo, radicada en la carrera 17 B número 26-7 casa 2 A urbanización Sol Real en Soledad,  Atlántico.
El proyecto tiene un valor 161 millones ochocientos ochenta y dos mil setecientos veinte pesos. De esos recursos, el Municipio de Chiriguaná aportó casi 145 millones, y el saldo, unos 16 millones 913 mil pesos, el aportante, representados en bienes y servicios.
Así mismo, se conoció que esa misma fundación ejecutó en 2008, un contrato por $1.200 millones para disminuir las incidencias de enfermedades diarreicas, EDA,  e infecciones respiratorias agudas, IRA, convenio que también será investigado.