Las noticias relativas a la pobreza extrema en La Guajira han abundado últimamente y dan cuenta de la muerte por inanición de niños indígenas. Algunas descripciones del problema son descarnadas, crudas, dolorosas, sobrecogedoras y por eso indignan, dan rabia e inconformidad
Es inaceptable que en el departamento con mayores recursos minero-energéticos de Colombia, proveedor del 60% del gas que demanda el país, con la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo –generadora de la mitad de las exportaciones carboníferas- el 70% de la población sea pobre, la mitad de esta viva en pobreza extrema y los niños, hijos de la población originaria, dueños legítimos de toda esa riqueza, se mueran de hambre y de enfermedades derivadas de la desnutrición. Ningún argumento puede justificar tan grave injustica social.

Es evidente que tres décadas de explotación minera han generado escasos beneficios a unos pocos pobladores y enormes daños ambientales a todos. Es ofensivo el contraste entre la opulencia de unas empresas mineras que exhiben la más alta modernidad tecnológica, perciben utilidades operacionales del 38% anual, se benefician de descuentos tributarios y reducciones fiscales por inversiones, mientras las condiciones de vida de la población empeoran y la desigualdad social se acentúa; el coeficiente Gini pasó del 0.47 en 2002 a 0.61 en 2010.

Es claro que las inversiones en minería no han representado per se bienestar económico-social para los guajiros.

Las coberturas en salud, educación y saneamiento básico son mínimas y las condiciones generales de vida son precarias. Lo dicen todos los informes y estudios, que se limitan a describir los hechos y a proponer medidas que nadie atiende. La indolencia oficial es total, insólita, inhumana. Según CONPES la desnutrición nacional afecta al 9% de los infantes; en La Guajira al 12%.

En Riohacha la tasa de mortalidad infantil es 3 veces superior a la nacional y según noticias recientes, en La Guajira han muerto más de 300 niños(0-5años) la mayoría Wayuu, por desnutrición crónica.

Esa pauperización en una región de gran riqueza minera es ofensiva; la extensión de la penuria extravía los ideales de dignidad, desajusta el tejido social, desarticula las familias. Es un atentado contra la dignidad de un pueblo con derecho a un buen vivir.

Desde luego la explotación minera le ha generado recursos al gobierno nacional, regional y local por concepto de impuestos y regalías. Pero si en el resto del país predominan la corrupción y la ineficiencia administrativa, en La Guajira todo eso se agrava. Queda poco espacio para el optimismo pero conviene construir solidaridad ciudadana