Este miércoles, el Senado de Argentina hace frente a la toma de una importante decisión. La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema tan sensible que ha dividido no solo al país, sino a toda la región latinoamericana. El proyecto de ley es una iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito,  que busca despenalizar cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación.

El pasado mes de junio, el Parlamento de Argentina instaló una votación en donde la Cámara Baja con 129 votos a favor da inicio al proyecto de ley que establece la legalidad del aborto. Con más de 20 horas de debate y 125 votos en contra, el Parlamento en aprobación del Presidente Mauricio Macri envía la propuesta al Senado, cobrando  dimensiones sin precedentes en los medios, las instituciones y la esfera pública.

La diputada Samanta María Celeste Acerenza, de Propuesta Republicana (PRO), del frente gobernante Cambiemos, explicó en la sesión del Parlamento la razón por la cual la problemática seria trasladada a votaciones del Senado, manifestando que: “la interrupción voluntaria del embarazo no se trata de una cuestión moral o ética, es un problema de salud pública, porque muere gente y (los abortos clandestinos) generan gravísimos daños en mujeres jóvenes y sanas”.

El aborto es un tema álgido. Por décadas los movimientos feministas, la iglesia y los sectores conservadores de la política han alzado sus voces, cada uno en defensa de su posición. Luego de que en Argentina la legalidad del aborto se posicionara como tema central, las discusiones alcanzaron carácter internacional, como prueba de ello,  la puesta en marcha de los “pañuelazos” alrededor del mundo buscará apoyar la votación favorable en el Senado de ese país.

Desde la Campaña sostienen que los derechos sexuales y reproductivos deben ser “reconocidos como un derecho básico” de todas las personas, lo que implicaría ciertas modificaciones en los sistemas de Educación, Salud y Justicia, además de “profundos cambios culturales”. El lema de la campaña se centra en tener una “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

De aprobarse el proyecto de ley, la legislación argentina pasaría a ser muy similar a la actual española, que permite el aborto (independientemente de la razón) durante las primeras 14 semanas de gestación, período que se extiende a las 22 semanas siempre que suponga un riesgo para la vida o la salud de la madre o existan importantes anomalías en el feto.

Los embarazos producto de violaciones, los riesgos de salud física, psíquica y social de la mujer y las malformaciones fetales graves serán las condiciones que predominaran en la toma de una decisión favorable. Al mismo tiempo, buscan que la práctica sea competencia de los servicios del sistema de salud y que pueda ser atendido en un plazo máximo de 5 días desde su solicitud y en las condiciones que determina la ley.