“Mi hermano José Luis Nieto Álvarez se desapareció el 22 de mayo del 2003 por manos de grupos al margen de la ley; a partir de allí iniciamos una búsqueda intensa y cinco años después recibimos una noticia que al parecer estaba en el Meta. Desde ese momento ha sido un momento de lucha, de desespero, de buscar verdades, de tener claridad porque supuestamente aparecía como jefe paramilitar de esa región, cuando él era un hombre que no había salido de Valledupar, que vendía tintos y que solo terminó cuarto de primaria”. Así describe Mara Nieto la zozobra que ella y su familia han tenido desde que su hermano desapareció de manera misteriosa.

José Luis hace parte de las 1.700 víctimas de desaparición forzada que existen en el departamento, según datos de la Unidad de Víctimas Cesar-La Guajira o de los 967 registros contabilizados en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, Sirdec, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Nieto aseguró que en el 2008 en el Meta aparecieron unos restos, pero fue muy difícil esclarecer si eran los de su hermano porque no les hicieron pruebas de ADN ni fotos ni necropsia, la cual hicieron en el 2010 y salió positiva. “Para nosotros que sufrimos este hecho es lamentable y muy cruel porque nunca hay una verdad completa, puesto que no viste un cuerpo; es decir, es un dolor que permanece en el tiempo”, aseveró la mujer con ojos aguados y la voz quebrantada.

Al respecto, el director territorial de la Unidad de Víctimas Cesar-La Guajira, Víctor Hugo Mosquera, manifestó: “Queremos decirles a las víctimas y a sus familias que no hemos abandonado la causa de encontrarlos. Queremos llegar al último rincón del país para que nos digan dónde están porque aquí nos hacen falta. El hecho victimizante de la desaparición forzada es de aquellos hechos más difícil porque es un duelo que no cesa. La necesidad de saber de ellos es imperiosa. Ojalá que todos los actores de desaparición forzada hagan un acto de constricción, que se concienticen y humanicen para que les puedan dar a las familias de las víctimas el sosiego de saber dónde están”.

Entre tanto, el director de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Jhon Rodríguez, resaltó la importancia de la participación de las víctimas en las audiencias para el esclarecimiento de la verdad, asegurando que de los siete casos que hay procesados a nivel nacional, cuatro de ellos tienen incidencia en el territorio como lo son casos con secuestro o retención ilegal de personas, de falsos positivos, de desaparición forzada a miembros de la Unión Patriótica y de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la guerra.

“Buscar a las personas desaparecidas es un deber humanitario, es un imperativo ético y moral y es una obligación política y jurídica del Estado colombiano. Estado que hoy representamos aquí la Unidad de Búsqueda y la Comisión de la Verdad como parte de las nuevas instituciones creadas para contribuir a la transición de un estado de guerra prolongada a la construcción de paz”, fue el mensaje que extendió la coordinadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, seccional Cesar- La Guajira, Ana María Ferrer Arroyo.

PANORAMA EN EL PAÍS

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia se sabe de 83.036 casos desaparición forzada; de secuestro se cuentan 38.357, de los cuales 333 fueron registrados como personas desaparecidas; de reclutamiento de menores hay 17.895, de los cuales 154 están reportados como personas desaparecidas.

ANNELISE BARRIGA / EL PILÓN
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