Entre en el Cesar y La Guajira han recibido 7.327 solicitudes de inscripción en el registro de las cuales han decidido 6,187.
Debido a que fueron negadas 47.516 solicitudes de acceso al proceso de restitución de tierras por víctimas reclamantes en todo el país, la Procuraduría General de la Nación revisará los motivos que llevaron a la Unidad de Restitución de Tierras, URT, a tomar esa decisión.
De esas, 4.489 solicitudes fueron negadas en el departamento del Cesar que junto a Meta, con 4.627; Valle del Cauca, 4.329; Córdoba, 4.325, y Magdalena, 3.487 son a corte de junio y según cifras de la misma Unidad, son los departamentos donde más se negaron solicitudes para acceder a la inscripción.
El Ministerio Público al iniciar una acción preventiva sobre esas decisiones, que representan el 63 % de las peticiones tramitadas por esa entidad, busca verificar si las víctimas contaron con las garantías del debido proceso, contradicción y defensa.
Lee también: Así va la restitución de tierras en el Cesar y La Guajira
Según el informe de la Procuraduría, las decisiones objeto de vigilancia y seguimiento tienen que ver con la negativa de inscribir a las víctimas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAF-, “requisito indispensable para acceder a la etapa judicial del proceso y obtener medidas de reparación integral, en especial la restitución de tierras”.
Es así como evaluará si esas decisiones se ajustaron a lo establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y solicitará, si es del caso, la revocatoria de los actos administrativos que negaron el derecho a la restitución de tierras.
La directora de la Unidad de Tierras en el Cesar, Claudia Manotas Mejías, explicó que hay diferente actos administrativos que deciden de fondo las inscripciones de las solicitudes en el registro, entre esas no inicio, no inscripción, disentimiento tácito como expreso, rechazo de plano “en fin todos esos por diferentes circunstancias. Las condiciones para que una solicitud se inscriba en el registro están señaladas en el la Ley 1448 y en los registros de decretos reglamentarios como el 731 y el 440 de 2016, lo que sucede es que cuando se recibe una solicitud los profesionales que tienen conocimiento del tema analizan la solicitud, revisan el acervo probatorio, recaudan las pruebas y luego con lo que establece la norma se decide de fondo, hay varias causales de no inicio o no inscripción, cada una de estas decisiones ha sido debidamente argumentada”.
Explicó la funcionaria que en el Cesar y La Guajira han recibido 7.327 solicitudes de inscripción en el registro de las cuales han decidido 6,187.
Dijo también que de 1.699 inscritos en el registro, ya hay 1.374 casos presentados ante los jueves: “Tenemos 334 sentencias de restitución de tierras”.
Por Sandra Santiago B. / EL PILÓN
[email protected]
Entre en el Cesar y La Guajira han recibido 7.327 solicitudes de inscripción en el registro de las cuales han decidido 6,187.
Debido a que fueron negadas 47.516 solicitudes de acceso al proceso de restitución de tierras por víctimas reclamantes en todo el país, la Procuraduría General de la Nación revisará los motivos que llevaron a la Unidad de Restitución de Tierras, URT, a tomar esa decisión.
De esas, 4.489 solicitudes fueron negadas en el departamento del Cesar que junto a Meta, con 4.627; Valle del Cauca, 4.329; Córdoba, 4.325, y Magdalena, 3.487 son a corte de junio y según cifras de la misma Unidad, son los departamentos donde más se negaron solicitudes para acceder a la inscripción.
El Ministerio Público al iniciar una acción preventiva sobre esas decisiones, que representan el 63 % de las peticiones tramitadas por esa entidad, busca verificar si las víctimas contaron con las garantías del debido proceso, contradicción y defensa.
Lee también: Así va la restitución de tierras en el Cesar y La Guajira
Según el informe de la Procuraduría, las decisiones objeto de vigilancia y seguimiento tienen que ver con la negativa de inscribir a las víctimas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAF-, “requisito indispensable para acceder a la etapa judicial del proceso y obtener medidas de reparación integral, en especial la restitución de tierras”.
Es así como evaluará si esas decisiones se ajustaron a lo establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y solicitará, si es del caso, la revocatoria de los actos administrativos que negaron el derecho a la restitución de tierras.
La directora de la Unidad de Tierras en el Cesar, Claudia Manotas Mejías, explicó que hay diferente actos administrativos que deciden de fondo las inscripciones de las solicitudes en el registro, entre esas no inicio, no inscripción, disentimiento tácito como expreso, rechazo de plano “en fin todos esos por diferentes circunstancias. Las condiciones para que una solicitud se inscriba en el registro están señaladas en el la Ley 1448 y en los registros de decretos reglamentarios como el 731 y el 440 de 2016, lo que sucede es que cuando se recibe una solicitud los profesionales que tienen conocimiento del tema analizan la solicitud, revisan el acervo probatorio, recaudan las pruebas y luego con lo que establece la norma se decide de fondo, hay varias causales de no inicio o no inscripción, cada una de estas decisiones ha sido debidamente argumentada”.
Explicó la funcionaria que en el Cesar y La Guajira han recibido 7.327 solicitudes de inscripción en el registro de las cuales han decidido 6,187.
Dijo también que de 1.699 inscritos en el registro, ya hay 1.374 casos presentados ante los jueves: “Tenemos 334 sentencias de restitución de tierras”.
Por Sandra Santiago B. / EL PILÓN
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