En marzo de este año, la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, cortó temporalmente la energía en el barrio OGB de Valledupar porque no permitían los trabajos para normalizar la operación. 

Según el diagnóstico realizado por el equipo técnico de Afinia, la Unidad Residencial OGB presentaba un aumento significativo en la carga eléctrica, alcanzando hasta un 225 % de sobrecarga, principalmente debido a conexiones no autorizadas. Además, la unidad residencial registraba una pérdida mensual superior a 160.000 kWh.

Esta historia se repite en otras 14 urbanizaciones de Valledupar en las que no permiten el ingreso de los trabajadores, el consumo duplica la facturación, presentan sobrecarga en sus transformadores y el estado de sus redes no garantiza las condiciones de seguridad mínimas para su operación.

Se trata de los conjuntos cerrados Chile, Bellavista, Argentina, La Rioja, Los Rosales 1, Barcelona, Marsella Real, Citaringa y Las Margaritas. Igualmente, hay posibilidad de cortes en las urbanizaciones Villa Ligia III, IV,  Don Miguel, San Francisco de Asís, Altos de Ziruma 6 y Mirador de la Sierra 2.

EL PILÓN conoció que estas 14 urbanizaciones representan 2.632 usuarios, que demandan 1.6 millones de kilovatios hora al mes, y en los cuales no es posible facturar o recaudar el pago de más de 835 mil kWh. “Es decir, más de la mitad de la energía que la empresa compra para entregarle servicio a estos usuarios se pierde, en su mayoría por conexiones ilegales. Con toda la energía que no facturamos podríamos suministrar servicio por un mes a una población como Manaure”, dijo un funcionario de Afinia.

El daño a la red

Por otro lado, es importante recordar que las manipulaciones en las redes y la insistencia en la ilegalidad también provoca deterioro acelerado de la infraestructura y  poco control en el consumo, que finalmente afecta a los transformadores, pues trabajan por encima de su capacidad. 

Todas estas situaciones conllevarían a una desmejora del estado de las redes y la existencia de riesgos de origen eléctrico para las comunidades. Por eso, “la empresa se vería obligada a tomar medidas para mitigar los riesgos de accidentes, electrocución, incendios y  fallas de origen eléctrico”.