La empresa minera CNR emitió un comunicado a los habitantes de La Loma, El Hatillo y en general del municipio de El Paso debido a los rumores de una supuesta contratación de personal que estaría llevando a cabo o su contratista EPSA ante una reiniciación de actividades mineras.

Según lo transcendido por CNR, actualmente no hay en marcha ninguna convocatoria o actividad de contratación de personal de CNR o de EPSA.

“Como es conocido por la comunidad, y se informó en su momento, CNR y sus minas La Francia y El Hatillo atraviesan por una difícil situación financiera que generó que la empresa se acogiera a la Ley 1116 de 2007, es decir a un proceso de reorganización empresarial. La finalidad de este proceso es en efecto restructurar las finanzas y la empresa con el propósito de eventualmente retomar las actividades mineras y con ello la reactivación del empleo local”, señaló la misiva.

Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre dicho reinicio de actividades ni por lo tanto de vinculación de personal.

“Si bien es conocido por muchos que el mercado internacional del carbón ha presentado una mejoría en semanas recientes, todavía no es posible conocer si se trata de una situación coyuntural, o si se sostendrá en el tiempo de manera que permita realizar las múltiples actividades e inversiones requeridas para reiniciar la minería. CNR hace seguimiento permanente a esta situación y constantemente explora alternativas y esperamos que, cuando las condiciones apropiadas se den, este ejercicio se cristalice en buenas noticias para la industria minera y la comunidad”, añadió la empresa.

CNR exhortó a la comunidad evitar creer o difundir rumores, que, como es conocido, casi siempre conllevan a exageradas reacciones o expectativas de algunos sectores. 

En el 2010, el Ministerio de Ambiente impuso a las empresas mineras CNR, Drummond Ltd. y Grupo Prodeco la obligación de reasentar a las comunidades de Plan Bonito, Boquerón y El Hatillo como medida preventiva tras un estudio predictivo de calidad de aire. Según las proyecciones oficiales se pronosticó que los límites permisibles de contaminación en el aire serían sobrepasados, por lo cual las comunidades resultarían impactadas en su salud y calidad de vida.

Finalmente, dentro de lineamientos internacionales se estableció que se adquirirían las tierras y se daría un reasentamiento.  Las resoluciones señalaban que los procesos debían darse en un plazo de dos años; sin embargo, los tiempos no se cumplieron, aunque las mineras señalaron desde un inicio que era imposible ese plazo.