Están muy enredados en el Gobierno con el programa de generación de empleos para los reinsertados de un posible acuerdo de paz. Todas las semanas lanzan una propuesta sin lograr un beneplácito o compromiso real por parte de la clase empresarial y gremial del país.

La campeona de estas insubstanciales propuestas la lanzó en días pasados el nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Carlos Alfonso Mayorga. Finalizada su posesión ante el ministro de Defensa, expresó a los medios de comunicación que iba a promover la idea de que los desmovilizados de las Farc fueran contratados como vigilantes. Me imagino que ya debe estar estudiando la contratación de unos 2.000 reinsertados para que trabajen como vigilantes en Palacio de Nariño, el Congreso de la República, en las Altas Cortes, la Procuraduría, Contraloría y ministerios. La verdad sea dicha, no me imagino a los hijos del presidente Santos, escoltados por ex guerrilleros.

¿Ya ve Señor Presidente, por qué en todas las encuestas la mayoría de los colombianos han perdido la fe en este proceso de paz? Nadie en este país, se traga ese sapo, de que el problema de la guerrilla se resuelve dándole un puesto de vigilante a cada reinsertado. El problema de la subversión existe y seguirá existiendo mientras no se aniquile el alto nivel de corrupción pública y se disminuya la tremenda brecha social entre ricos y pobres. Mientras en Colombia siga existiendo un altísimo porcentaje de la población con empleo informal o precario, sin protección social integral y viviendo con menos de $10.000 al día, habrá guerrilla. Como también la seguirá habiendo, si no se endurecen las condenas contra los funcionarios corruptos. El país no aguanta más esta guerra de poderes por el control de los dineros públicos.

Claramente, todos los sectores de la economía deberían asumir una parte del costo de este proceso de paz y no dejárselo exclusivamente al sector agropecuario y al Estado. No basta que a los reinsertados de menor rango se les concesione unas Zonas de Reservas Campesinas y a sus jefes unas curules en el Congreso y unos puestos en la Fiscalía. El sacrificio debe ser de todos. No hay derecho pues, -por citar un ejemplo-, que las empresas del sector exportador no hayan hecho un esfuerzo para ayudar a eliminar los problemas de hambre crónica que padecen la mayoría de los habitantes de las zonas portuarias de La Guajira, Tumaco y Buenaventura.

Es hora que el Gobierno comience a diseñar una política seria y a largo plazo de ocupación productiva para los más de 10 mil reinsertados del proceso de paz. Esto no se resuelve con empleos temporales. Las alianzas estratégicas o APP del agro, serían una buena alternativa.

En el tintero:
1) Los ministros de Justicia y Salud, deberían proponer a las Farc, que ellos mismos erradiquen manualmente, las 112.000 hectáreas de coca, con un gesto de paz.

2) Con la renuncia del presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Genaro Muñoz, se viene una renovación generacional en los gremios de la producción agropecuaria.

@indadangond