Las consecuencias de la fuerte ola invernal que está viviendo el país han puesto de presente dos hechos fundamentales: en  primer lugar, la falta de previsión del Estado, pero también del sector privado, para afrontar fenómenos como un invierno tan intenso y – en segundo término- el atraso y la fragilidad que tiene Colombia en materia de infraestructura vial, principalmente.
Hay que reconocer que se trata de un fenómeno inédito e intenso, relacionado – según los científicos-, con el cambio climático; pero ha sido tradicional en Colombia tener inviernos fuertes en el segundo semestre del año  y este –prácticamente- ha cogido al país, como se dice vulgarmente, con los calzones abajo.
Las cifras son dramáticas: 28 departamentos afectados, 550 departamentos, más de 130 muertos, más de 20 desaparecidos, 200 heridos, 1700 casas destruidas y unas doscientas mil averiadas; además de las incuantificables pérdidas en cultivos, ganado y pastizales, como también el daño en vías, puentes y otro tipo de infraestructura.
En el caso del Río Magdalena, para el cual existe una corporación encargado de cuidarlo y protegerlo, no se explica uno por la falta de dragados en muchos puntos y por la carencia de adecuada infraestructura de contención en muchas de las poblaciones por donde pasa; cuando sabemos que se ha invertido mucha plata en obras para afrontar el efecto de las aguas, pero estas muchas veces no se hacen o se hacen de mala calidad y ahora estamos pagando las consecuencias.
Estos mismos planteamientos son igualmente válidos para el Cesar y Valledupar. En el caso nuestro en las riberas de los ríos Cesar y también en tránsito del Magdalena, se deben adelantar trabajos de carácter permanente, en época de verano, por supuesto, con el fin de aminorar los efectos de las crecientes.
En la capital del Cesar, consideramos que ha existido mucha pasividad por parte de las distintas administraciones municipales, y en parte también de las autoridades ambientales, para hacer una labor de reforestación en las márgenes del río Guatapurí, como también unas obras de contención en varios puntos y principalmente en Valledupar y en el balneario Hurtado. No hay derecho a que haya sucedido lo que hemos visto con el Parque Lineal de Hurtado, donde unas obras que ni siquiera se han recibido oficialmente por parte del municipio ya están presentando problemas por la falta de las llamadas obras complementarias.
Tanto las administraciones departamentales, como las de los distintos municipios, deben reforzar estas obras de infraestructura en sus respectivas jurisdicciones y programar, en los presupuestos locales, unos recursos para este tipo de imprevistos, además de activar a los comités locales de atención y emergencias.
A nivel nacional, además de la calamidad pública decretada en 28 departamentos se requieren otras medidas adicionales en el mediano y largo plazo. Insistimos que muchos de los daños de este fenómeno invernal sólo se establecerán con el tiempo. Son multimillonarias las pérdidas de mucha gente pobre en las poblaciones ribereñas y en las grandes ciudades, sin duda; pero también, cuantiosas las pérdidas de los campesinos, agricultores y ganaderos, adicionales al daño palpable en carreteras y puentes.
Sería conveniente que el gobierno nacional estudiara la posibilidad de declarar la emergencia económica y acudir, desde ahora, a créditos internos y externos para hacerle frente al problema. Y para el largo plazo, Colombia deben pensar en grande su infraestructura; parte de la bonanza minera que se estima tendrá el país debería invertirse en mejorar nuestra atrasada infraestructura vial, incluyendo la red terciaria que es la que más afecta la producción campesina y de pancoger que, luego de este invierno, se sentirá en el bolsillo de todos los hogares con el previsible aumento de precios de los alimentos. No sería raro que Colombia tuviera que acudir importar alimentos ante la magnitud de esta tragedia invernal. Existen argumentos económicos y sociales palpables para acudir a la figura de la emergencia económica para afrontar este grave problema.