Opté por escribir esta columna no con el ánimo populachero de fastidiar al alcalde de la ciudad de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía y a su equipo de trabajo, todo lo contrario. En calidad de ciudadano, he decidido a través de esta tribuna hacerle un llamado franco y respetuoso al señor alcalde para que se replanteen ciertos aspectos administrativos en lo que respecta a las políticas de seguridad y conservación del orden púbico en el municipio de Valledupar y sus corregimientos, exhortarlo a que imparta las directrices que mejor convengan para contrarrestar la problemática delincuencial que viene perturbando la convivencia y la tranquilidad de la ciudadanía. Esto no anda nada bien, la inseguridad en la ciudad de Valledupar es una realidad que no se puede desconocer y que hay que combatir con firmeza.

Para comenzar, el alcalde, su gabinete y la comunidad en general debemos apartar de nuestros pensamientos que la crisis que afronta el Valle de Upar es una cuestión de percepción o de un empecinamiento agresivo hacia el alcalde. Claro, que hay que resaltar que en ocasiones, detrás de ciertas críticas que han sido lanzadas hacia a la administración municipal, algunas de ellas poco constructivas, provienen de voces revanchistas que aspiran algún día sacarse clavos electorales. Pero tal situación no puede ser obstáculo para que este trance que azota a la ciudad sea reconocido a cabalidad y asumido con total compromiso. Somos los ciudadanos de bien los más afectados, somos nosotros quienes hemos tanteado de cerca, unos más que otros, el producto de esta infame, sucia e insoportable ola de criminalidad.

La Constitución, la Ley y la jurisprudencia han sido muy enfáticas en señalar las obligaciones de los alcaldes y gobernadores con respecto al tema. Estimo de manera rotunda que no tiene gracia excusar al alcalde haciendo parangones con los conceptos: poder de policía, función de policía y actividad de policía. No es allí donde está el problema, allí podría estar más bien la solución, pero al parecer no han logrado dimensionar tal cosa. La Corte Constitucional ha dicho (T – 334/15) que la actividad de policía (Policía Nacional): “consiste en la simple ejecución material de las decisiones adoptadas por los funcionarios que detentan la función de policía”. Por otro lado, el mismo órgano de cierre ha manifestado (T – 490/92) que el desempeño de la función de policía (alcaldes y gobernadores): “exige el uso racional y proporcionado de la fuerza, así como la escogencia de los medios más benignos y favorables para proteger los derechos fundamentales al momento de contrarrestar los peligros y amenazas que se ciernen sobre la comunidad”. Dicho lo anterior, y con brevedad explicativa, podríamos resumir entonces que en materia de seguridad y conservación del orden público en el caso del municipio de Valledupar: el alcalde diseña las estrategias y orienta su materialización, la Policía Nacional las ejecuta.

En mi concepto, el control a la circulación de motocicletas en la ciudad es insuficiente con la restricción del parrillero hombre, los hurtos, homicidios y extorsiones en dos o más motos, sin parrillero, son cada vez más comunes. Se hace necesaria la alianza entre la Alcaldía, la Gobernación, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para llegar a los nidos de la ilegalidad, a esos que todos sabemos dónde están ubicados, pero que poco se ha hecho por llegar hasta estos.

Hay que aprovechar todas las dotaciones que de manera constante se le han hecho a la Policía Nacional, se supone que a mayores herramientas, mayor efectividad. Su trabajo debe estar concentrado en los puntos más neurálgicos del municipio, que sin duda alguna son los hurtos, homicidios, microtráfico, extorsiones, entre otros.

Deben aumentarse los controles de seguridad en las calles y a vehículos particulares y de servicio público; hacer presencia en sectores del comercio y en la zona rural. No hay que esperar que hurten, asesinen y extorsionen para reaccionar.

Señor alcalde, la delincuencia desde hace mucho tiempo sobrepasó los limites, es su obligación constitucional y legal trazar y reconsiderar todo lo concerniente a los planes de choque que debe emprender la administración frente al tema de inseguridad, tome las decisiones que tenga que tomar, los ciudadanos exigimos soluciones, sabemos que no es una labor sencilla, pero es su encargo asumirla.

Lo que hoy pasa en Valledupar no es: ‘ni emboscada cibernética ni percepción, es inseguridad’.

@camilopintom