Desde niño escuchaba a los mayores decir que la clase política de Colombia era la más preparada de Latinoamérica y eso me enorgullecía; estudian en las mejores universidades del país y del mundo y se mantiene en el poder lo que facilitaba tal creencia, pero las apariencias engañan, una cosa son las formas y otras los contenidos, estar preparado no garantiza retener el poder por tantos años; para esto solo basta ser audaces, no inteligentes ni preparados, a veces criminales. Entonces, ¿cuál era la lógica? El fin justifica los medios.

Más, no hay mentira que dure tantos años; tarde descubrimos que esto era una falacia, la gente más preparada nunca nos ha gobernado en 200 años; siempre he escuchado decir al presidente Petro que este es un Estado mafioso, aquí no gobiernan los mejores. Un Estado mafioso es aquel que cogobierna con fuerzas extrañas a los órganos de poder, en una simbiosis que se llama establecimiento donde las fronteras entre el bien y mal se yuxtaponen, no se sabe dónde termina la una y donde comienza la otra. Este tipo de supra Estado es el que salvaguarda los intereses compartidos de esa alianza macabra.

Sin embargo, pese al inmenso poder que tienen estos aliados, les aterra la mera posibilidad de perder el poder y para evitarlo conjugan todas las formas de lucha fundiéndose en un solo cuerpo utilizando armas letales y pseudojurídicas. Rehúyen a los métodos inteligentes y diletantes, carecen de enjundia y por lo tanto esquivan el debate; por eso en el congreso, se salen de las reuniones para no deliberar y preanuncian el hundimiento de las reformas sin conocer su contenido. 

Son miedosos, el primer susto se los dio Gaitán, un solo hombre, sin equipos, pero con una capacidad argumentativa demoledora en foros y plazas públicas; la única alternativa para detenerlo en sus aspiraciones presidenciales era asesinarlo. Ahí le torcieron el pescuezo a la historia patria y cambiaron su destino de paz por un escenario de guerra que aún no termina. Tras los acuerdos del presidente Belisario Betancur con las FARC-EP, surgió la Unión Patriótica, un partido legal y alternativo con miradas diferentes, un proyecto de paz convertido en la tercera fuerza política del país que en las elecciones de 1886 sacó 15 congresistas, varios alcaldes, diputados y concejales. 

Esto llenó de terror a los detentores del poder, les dio culillo rectal, no podían creer que, en menos de un año de campaña electoral, esta nueva obtuviera los guarismos que logró. Ante este panorama, en ausencia de propuestas para debatir en el congreso de la república, el Establecimiento diseñó varios planes de exterminio sistemáticos contra los miembros de la UP y sus familiares, única forma de detener su avance hacia la alternatividad política. “Las vueltas grandes siempre las hace el Estado”, dijo Ernesto Báez, un jefe paramilitar.

Ahí fue troya; a los integrantes de la UP los fueron matando uno a uno, incluyendo dos candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal, y al senador Manuel Cepeda Vargas, padre del actual senador Iván Cepeda, igual que al secretario general de esa organización, el barranquillero José Antequera, entre otros. Las actuales senadoras Imelda Daza, Aida Avella y otros más tuvieron que exiliarse por muchos años. En esta redada de la muerte cayeron médicos, abogados, profesionales varios y militantes rasos.

En Valledupar casi todos los miembros de la UP fueron aniquilados, se salvaron los que se fueron al exilio y a la forzada lucha armada que era otra forma de morir; Ricardo Palmera, un economista, docente universitario y banquero fue forzado a refugiarse en las filas de las FARC. Lo que hubo fue una carnicería con gentes que pensaban diferente y por lo tanto tenían propuestas alternas para resolver los problemas de la Nación. Por este genocidio de más de 6.000 personas, la CIDH sancionó a Colombia y la semana pasada se fijó la fecha del perdón estatal por parte del presidente Petro lo cual no se pudo dar por enfermedad del mandatario, pero está pendiente.

Por: Luis Napoleón de Armas P.