Una empresa de servicios públicos, cuyo oficio se pone en duda, por los constantes abusos que irrumpen la lógica del pagar sobre lo suministrado, al igual que una normatividad contravenida regularmente, sin ninguna autorización y el ejercicio de políticas empresariales demasiado sórdidas, que le resta credibilidad frente a sus forzosos usuarios, es lo que ha llevado a Electricaribe a ser calificada en cuestión de calidad, como deficiente. De igual manera, también se suman los actos para desfalcar al Estado en sus narices, que es la peor impudicia de todas, irrespetando la Constitución Política, y el alcance de servicio público que esta predica.

Es necesario y oportuno sacar a la luz, cada uno de los atropellos que comete esta empresa, excusándose en el supuesto mejoramiento del servicio, y con un propósito malintencionado, no obstante, más que delatarlos había que preguntarse sobre la causa o razón de una negligencia interminable, que pareciese un encargo de quienes ejercen la dirección de esta compañía mercante, que a pesar de contribuir con una actividad estatal, obedecen a una estructura comercial que ambiciona rendimientos, y que es responsable de las extralimitaciones que a diario incurren.

Gas Natural Fenosa, así se denomina el amo y señor de la Electrificadora del Caribe, que determina el plan de marcha de esta comercializadora y se usufructúa del gran potencial de recaudo que detenta en la región; propietario de la mayoría de acciones de Electricaribe, ha dirigido estrategias que en vez de generar beneficios a sus clientes, factura ganancias a sus socios, conducta predecible de este conglomerado industrial español, cuando de por medio hay capital privado.

Es conveniente analizar qué tan correcto es que una empresa de servicios públicos domiciliarios, orientada a garantizar una prestación continua y eficiente del mismo, esté en función de aumentar su ciclo financiero, proceso de captación y fuentes de financiación, por cumplir las directrices de inversionistas. A pesar que suene irracional, es lo que realmente está sucediendo, una explotación a lo público, es una fortuna segura, tanto que esta multinacional energética, se ha expandido a otros servicios competencia del Estado, como lo es la distribución de gas natural, que al igual, ha presentado inconvenientes y han hecho exigencias abusivas, tales como el pedido al gobierno, para incrementar la tarifa de gas, una manifestación de este modelo librecambista, que permite negociar y condicionar la prestación de los servicios públicos, consentido por el mismo Estado, acostumbrado a adoptar una posición sumisa.

En definitiva, no nos sigamos alarmando con la irregular facturación, suspensiones sin previo aviso, cambio de contadores, infraestructura eléctrica atrasada y cortes de luz, esto hace parte de las deficiencias que se asumen, cuando la productividad impera sobre el interés general, y existe una posición dominante sobre el usuario, por tal razón nos toca seguir sentando voz de protesta, hasta que el Estado cómplice, se dé cuenta de su debacle, que lo puede llevar a la ruina.