El exministro de Minas y Energía, el guajiro Amilkar Acosta, anunció recientemente con tono temerario: “si no nos avispamos los siete departamentos de la región Caribe están ante el riesgo inminente de un apagón general”. Esta advertencia tipifica el colmo del dirigente, que cuando pudo actuar se quedó corto. El mal servicio que presta Electricaribe no es un asunto nuevo, entre 2014 y 2015 la Súper Servicios recibió 54.467 reclamaciones de la comunidad por fallas en la prestación del servicio, por esa razón ha sido objeto de reiterados debates en el Congreso de la República, el ejercicio del poder legislativo ha terminado infructuoso, delegando la responsabilidad en el Presidente de la República.

Según Amilkar Acosta, Electricaribe está al borde de la quiebra con una deuda prácticamente impagable de dos billones de pesos, sin embargo, pese a esos niveles de deuda ni siquiera insinúan desligarse del negocio. Cuando los negocios no se abandonan es porque marcan rentabilidad en los indicadores, además, ninguna empresa desestima dos millones y medio de clientes (usuarios de energía estimados en la Región Caribe) ¿Estarán generando pánico, para apaciguar la crítica y llamar la atención del gobierno? Aunado a lo anterior, la Contraloría General de la Republica reveló que cerca de 58.000 millones de pesos que la Nación entregó a Electricaribe para normalizar la prestación del servicio en los siete departamentos de la Región Caribe, están desaparecidos.

Con razón la infraestructura con la que presta el servicio es obsoleta, basta con leer los informes de la Superintendencia de Servicios Públicos: de 786 líneas y circuitos, en 250 no se han realizado inversiones en los últimos cuatro años. La discontinuidad del servicio de energía en la Región Caribe tiene un promedio anual de 90 horas, duplica el promedio nacional, de manera que el anuncio de apagón es una práctica que Electricaribe ejecuta con cortes continuos.

En el mismo informe la Contraloría reveló que la Nación desde el 2011, entregó a Electricaribe 141.135 millones de pesos. Casi el 40 por ciento de ese monto no fue ejecutado y 7.744 millones de pesos están invertidos en fiducias. De este modo es comprensible la razón de permanecer en el negocio, no obstante, al riesgo de supuesta quiebra.

En la Ley 142 del 94 quedó consagrado: “no que habría subsidios, sino que solo “podrá” haberlos para los más pobres. Y se establecieron unas escalas de subsidio para los estratos uno, dos y tres. (En la Costa Atlántica, entre 2002 y 2009, Electricaribe recibió subsidios por 2,4 billones de pesos y del Programa de Normalización de Redes Electrificas; PRONE, entre 2004 y 2013, recibió 318 mil millones de pesos) ¿Por qué no hay reinversión? ¿Cuál es el destino de las utilidades?

El espíritu de La 142 de 1994 condujo a que el negocio de la energía, en otrora prestado por las empresas públicas de la Costa Atlántica, quedara centralizado en dos empresas, Electricaribe y Energía Social S.A. La división en dos empresas encierra un truco financiero y contable, que consiste en dejar el hueso del negocio en Energía Social receptora de los subsidios y trasladar el lomo a Electricaribe.

El clamor en la Región Caribe invoca que el Gobierno Nacional intervenga a Electricaribe, en este momento seguiremos esperando, pues no dirían que es un acto soberano, sino la cuota inicial de procesos de expropiación, pero tarde o temprano es menester.