Cuando se pensaba que por fin el paisaje se había despejado para proceder a la elección del contralor municipal de Valledupar, el panorama vuelve a oscurecerse.

Las nubes negras vinieron de la Procuraduría Regional del Cesar quien emitió control de advertencia a los concejales para que tengan en cuenta las inhabilidades e incompatibilidades de Jorge Araújo para asumir el cargo en cuestión el próximo 7 de septiembre, día en el que se planea ejecutar la elección durante sesión del concejo.

Con esta advertencia de la Procuraduría vuelven las especulaciones y queda la duda sobre qué deberán hacer los concejales para que, luego de dos nulidades, la tercera sea una elección definitiva.

Según Jhon Díaz Carpio, quien es abogado especialista en Derecho Administrativo y Magister en Derecho, así como conciliador en Derecho, los concejales de Valledupar deben atender la advertencia verificando si existe algún hecho objetivo que merezca análisis sobre la inhabilidad, “en cuanto al cumplimiento del fallo, el Consejo de Estado indicó que el paso a seguir es escoger contralor de entre los elegibles, pero no obliga a que sea el segundo, sino que deberá elegirse el siguiente cuya elección sea viable”, explicó el académico.

Además, Díaz Carpio señaló que “de no ser viable la elección de ninguno de los elegibles, los concejales de Valledupar tendrán que declarar agotado el listado de elegibles y hacer una nueva convocatoria para designar el reemplazo del contralor”, puntualizó el abogado.

En enero de 2016, Álvaro Luis Castilla Fragozo fue elegido contralor de Valledupar y en diciembre se anuló su elección.

En el 2017 el Concejo eligió entonces al primero en la lista de elegibles, Omar Contreras Socarrás, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado por inhabilidad. Este viernes se conocerá el nombre del nuevo contralor de Valledupar, siempre que la elección sea posible entre los dos elegibles: Jorge Araújo y Alvaro Castilla, quien entraría a la lista de nuevo.

Concejales podrían ser sancionados por desatender advertencia

Tras la destitución de Omar Contreras Socarrás como contralor de Valledupar, los concejales no solo deberán enfrentarse a un nuevo proceso de elección, sino que podrían ser objeto de investigación por haber tomado esa decisión a sabiendas de que recaía en Contreras Socarrás una causal de inhabilidad, según señala Carlos Alberto Pallares Buelvas, el ciudadano que interpuso la queja ante la Procuraduría General de la Nación.

Según Pallares, los concejales de Valledupar fueron advertidos en tres ocasiones de la inhabilidad de Contreras Socarrás, dos de esas ocasiones la advertencia provino del propio asesor del concejo, el abogado Aldemar Montero Marín.

“Como asesor externo del Concejo Municipal, Aldemar Montero emitió su concepto a petición del mismo concejo y radicó el pasado 27 de febrero, por escrito, lo que se lee “(…)este asesor jurídico externo aconseja que, en el evento en que las hojas de vidas de las personas que integran la lista de elegibles permitan inferir que el enlistado a elegir ha ocupado cargo de nivel ejecutivo en una entidad de orden departamental, distrital y/o municipal, sin que para tales efectos importe la categoría de la entidad, y que dicho empleo ha sido desempeñado dentro del anterior al momento de elección, su derecho adquirido a ser elegido estará limitado y deberá ceder frente a los principios de legalidad, transparencia, moralidad de la función pública e igualdad en el acceso a cargos públicos, en la medida en que los efectos de la declaratoria de nulidad electoral, no soslayan, y mucho menos convalidan la existencia de situaciones constitutivas de inhabilidad(…)”, indicó el quejoso Pallares Buelvas.

Además, este último señaló que en la sesión del 28 de febrero en la que el Concejo de Valledupar eligió a Contreras Socarrás como contralor, tanto el asesor externo como los concejales Guido Castilla y Wilber Hinojosa advirtieron de nuevo de las incompatibilidades e inhabilidades que reposaban sobre Contreras Socarrás por lo que pide a la Procuraduría declarar a los concejales que votaron ‘sí’ en la elección disciplinariamente responsables acreditando la comisión de falta disciplinaria gravísima reprochada a título de dolo.

Aunque la queja fue radicada el pasado 28 de agosto, el ciudadano que la interpuso aclaró que ya el año pasado había hecho un primer intento por radicarla pero extrañamente los archivos desaparecieron.