Consagra nuestra Constitución en su artículo 258 que el voto es un derecho y un deber ciudadano.

No obstante, se estudia en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende hacer de este derecho una obligación ciudadana. El autor de la iniciativa, es el senador Roy Barreras quien manifiesta que “Se trata de que más de ocho millones de abstencionistas, nos ayuden a mejorar la democracia y de limpiar las costumbres electorales”. Empero, hay sectores que se oponen a la reforma por considerar que el voto obligatorio implicaría sanciones para quienes no acudan a las urnas.

Por su parte, el senador Álvaro Uribe el personaje más calumniado del país, que al propio tiempo funge como jefe natural del Centro Democrático, se muestra en desacuerdo con la reforma que busca según él, facilitarle la llegada de las Farc al Congreso.

Lo cierto, es que la abstención muestra un vertiginoso ascenso que raya en lo vergonzoso y muy a pesar de que la compra y venta del voto se encuentra penalizada, es una práctica común en toda la geografía nacional, en detrimento de legítimas aspiraciones ciudadanas que por no contar con los medios económicos se abstienen de participar en el debate político.

La propuesta, de ser aprobada, aplicaría para los comicios que tengan lugar hasta el 2018 es decir que cobijaría: La elección de alcaldes y gobernadores, congresistas, y las presidenciales amén del referendo de los acuerdos de paz. Sin embargo, restan siete debates para que este proyecto se convierta en ley y aunque la intención es loable, no me hago ilusiones en cuanto a su aprobación por parte de los “honorables” pues las curules ocupadas por muchos de ellos, fueron ganadas gracias a la compra de conciencias ciudadanas.

Empero, como no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, el senador Carlos Fernando Motoa Solarte, de Cambio Radical, ha dicho que este proyecto sustituye la voluntad del Constituyente de 1991. Considero que en lo que hace al voto obligatorio, en manera alguna se sustituye la voluntad del Constituyente. Por el contrario, pienso que con su adopción se fortalece la participación ciudadana, y se enriquece el debate político tan caro a las democracias modernas.

Considero además, que junto con el voto obligatorio deberá implementarse también el voto electrónico para evitar prácticas corruptas tales como la suplantación del elector, trashumancia, adulteración de tarjetones etc.

Es hora de modernizar nuestra democracia.