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Lo que propone el gobierno nacional con la autorretención en la fuente es una maniobra desesperada por cuadrar la caja. Y lo hace con el mismo truco viejo y peligroso: anticipar el recaudo del impuesto de renta, como si se pudiera jugar eternamente al prestidigitador de las finanzas públicas sin que la función acabe en tragedia.
Lo que propone el gobierno nacional con la autorretención en la fuente es una maniobra desesperada por cuadrar la caja. Y lo hace con el mismo truco viejo y peligroso: anticipar el recaudo del impuesto de renta, como si se pudiera jugar eternamente al prestidigitador de las finanzas públicas sin que la función acabe en tragedia.
Adelantar las retenciones no es innovador ni tampoco es responsable. El objetivo es claro: anticipar el recaudo de vigencias fiscales futuras para cubrir los gastos del presente dejando al próximo gobierno con menos recursos y sin margen de maniobra. No se trata de una política fiscal seria, sino de una patada al tablero de la sostenibilidad. Eso es irresponsable.
En lugar de corregir el rumbo, el Gobierno insiste en el atajo, afectando el flujo de caja de empresas estratégicas como las de petróleo y carbón, cuyos aportes sostienen buena parte de los ingresos fiscales del país.
Según el borrador del decreto, actualmente en consulta pública, la tarifa de retención en sectores como el carbón pasaría del 3,2 % al 5,5 %, aumentando el 72 %. En el caso del petróleo crudo, el incremento sería del 5,6 % al 7 %. ¿Y la justificación? La supuesta reactivación económica del país. Pero la realidad es otra: estamos ante un gobierno sin margen de maniobra tributaria, con un déficit que supera el 6 % del PIB, y que necesita financiar un gasto creciente sin tener cómo hacerlo.
Pero lo grave de esta medida es que se incurre en doble error: en lo económico, porque pone en riesgo la liquidez empresarial y aumenta el riesgo de saldos a favor que la DIAN no está en capacidad de devolver de manera oportuna; y en lo político, porque compromete la capacidad de acción del próximo gobierno. Es una expropiación del recaudo futuro. ¿Quién va a gestionar el país en 2026 si desde ahora le están quitando los ingresos?
Resulta irónico que, mientras el gobierno busca anticipar el recaudo de rentas, según la Contraloría, también tiene más de $62,8 billones en reservas presupuestales sin ejecutar. ¿Cómo se explica que haya tanta plata quieta y, al mismo tiempo, se pide más dinero por adelantado? Es simple: mala planeación, ineficiencia en la contratación, uso distorsionado de las reglas fiscales y cuatro ministros de hacienda.
Peor aún: mientras se alardea de disciplina fiscal, se recurre al escondite presupuestal. Las reservas crecen, pero no se ejecutan. Las fiducias se multiplican, y la Contraloría advirtió que el 78 % de los recursos fiduciarios se van en funcionamiento, no en inversión.
¿Y qué hay de la transparencia? Al colocar los recursos públicos en manos de entidades privadas mediante fiducias, se diluye la capacidad de control. Se generan opacidades, se debilita la trazabilidad y se rompe el principio de publicidad presupuestal; gobernando con recursos que no aparecen en la contabilidad oficial, pero que sí pagan favores, contratos y burocracia. Esto no es disciplina fiscal. Es contabilidad creativa.
La fórmula es insostenible: recaudar anticipadamente, no ejecutar los recursos disponibles y esconder la plata en mecanismos de difícil rastreo. Es una bomba fiscal con el temporizador activado.
Aquí no se trata de una decisión técnica, sino de una jugada política. El Gobierno sabe que no tendrá otra oportunidad de hacer una reforma tributaria antes de 2026, y por eso está ordeñando hasta la última gota de lo que puede recaudar. Pero está hipotecando el futuro.
En lugar de castigar más a los sectores productivos con retenciones excesivas, el Gobierno debería empezar por ordenar la casa: ejecutar lo que ya tiene, desmontar las prácticas oscuras con fiducias y cumplir con los principios de eficiencia presupuestal. Que no siga distrayendo al país con decretos maquillados de reactivación, cuando lo que hay detrás es un intento burdo de raspar la olla. Porque, al final, no solo se vacían las arcas: sino que se vacía la credibilidad institucional. Si al Gobierno le preocupa la caja, que empiece por abrir las suyas, las que ya tiene llenas, y no las de quienes todos los días luchan por mantener a flote la economía real del país.Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…”.
Por: Luís Alonso Colmenares Rodríguez.
Lo que propone el gobierno nacional con la autorretención en la fuente es una maniobra desesperada por cuadrar la caja. Y lo hace con el mismo truco viejo y peligroso: anticipar el recaudo del impuesto de renta, como si se pudiera jugar eternamente al prestidigitador de las finanzas públicas sin que la función acabe en tragedia.
Lo que propone el gobierno nacional con la autorretención en la fuente es una maniobra desesperada por cuadrar la caja. Y lo hace con el mismo truco viejo y peligroso: anticipar el recaudo del impuesto de renta, como si se pudiera jugar eternamente al prestidigitador de las finanzas públicas sin que la función acabe en tragedia.
Adelantar las retenciones no es innovador ni tampoco es responsable. El objetivo es claro: anticipar el recaudo de vigencias fiscales futuras para cubrir los gastos del presente dejando al próximo gobierno con menos recursos y sin margen de maniobra. No se trata de una política fiscal seria, sino de una patada al tablero de la sostenibilidad. Eso es irresponsable.
En lugar de corregir el rumbo, el Gobierno insiste en el atajo, afectando el flujo de caja de empresas estratégicas como las de petróleo y carbón, cuyos aportes sostienen buena parte de los ingresos fiscales del país.
Según el borrador del decreto, actualmente en consulta pública, la tarifa de retención en sectores como el carbón pasaría del 3,2 % al 5,5 %, aumentando el 72 %. En el caso del petróleo crudo, el incremento sería del 5,6 % al 7 %. ¿Y la justificación? La supuesta reactivación económica del país. Pero la realidad es otra: estamos ante un gobierno sin margen de maniobra tributaria, con un déficit que supera el 6 % del PIB, y que necesita financiar un gasto creciente sin tener cómo hacerlo.
Pero lo grave de esta medida es que se incurre en doble error: en lo económico, porque pone en riesgo la liquidez empresarial y aumenta el riesgo de saldos a favor que la DIAN no está en capacidad de devolver de manera oportuna; y en lo político, porque compromete la capacidad de acción del próximo gobierno. Es una expropiación del recaudo futuro. ¿Quién va a gestionar el país en 2026 si desde ahora le están quitando los ingresos?
Resulta irónico que, mientras el gobierno busca anticipar el recaudo de rentas, según la Contraloría, también tiene más de $62,8 billones en reservas presupuestales sin ejecutar. ¿Cómo se explica que haya tanta plata quieta y, al mismo tiempo, se pide más dinero por adelantado? Es simple: mala planeación, ineficiencia en la contratación, uso distorsionado de las reglas fiscales y cuatro ministros de hacienda.
Peor aún: mientras se alardea de disciplina fiscal, se recurre al escondite presupuestal. Las reservas crecen, pero no se ejecutan. Las fiducias se multiplican, y la Contraloría advirtió que el 78 % de los recursos fiduciarios se van en funcionamiento, no en inversión.
¿Y qué hay de la transparencia? Al colocar los recursos públicos en manos de entidades privadas mediante fiducias, se diluye la capacidad de control. Se generan opacidades, se debilita la trazabilidad y se rompe el principio de publicidad presupuestal; gobernando con recursos que no aparecen en la contabilidad oficial, pero que sí pagan favores, contratos y burocracia. Esto no es disciplina fiscal. Es contabilidad creativa.
La fórmula es insostenible: recaudar anticipadamente, no ejecutar los recursos disponibles y esconder la plata en mecanismos de difícil rastreo. Es una bomba fiscal con el temporizador activado.
Aquí no se trata de una decisión técnica, sino de una jugada política. El Gobierno sabe que no tendrá otra oportunidad de hacer una reforma tributaria antes de 2026, y por eso está ordeñando hasta la última gota de lo que puede recaudar. Pero está hipotecando el futuro.
En lugar de castigar más a los sectores productivos con retenciones excesivas, el Gobierno debería empezar por ordenar la casa: ejecutar lo que ya tiene, desmontar las prácticas oscuras con fiducias y cumplir con los principios de eficiencia presupuestal. Que no siga distrayendo al país con decretos maquillados de reactivación, cuando lo que hay detrás es un intento burdo de raspar la olla. Porque, al final, no solo se vacían las arcas: sino que se vacía la credibilidad institucional. Si al Gobierno le preocupa la caja, que empiece por abrir las suyas, las que ya tiene llenas, y no las de quienes todos los días luchan por mantener a flote la economía real del país.Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…”.
Por: Luís Alonso Colmenares Rodríguez.