Por: Basilio Padilla

El presidente Santos, en su reciente discurso ante el Congreso Nacional, expresó que desde el 15 de mayo, cuando entró en vigencia el TLC, las exportaciones de Colombia hacia los E.U. se incrementaron en un 47%.
A medida que avanza el tiempo se hacen los distintos análisis pese a que lo más prudente es darle, al menos, 6 meses de operación, ya que todo producto nuevo tiene sus tropiezos al inicio de su inserción. Sin embargo, quiero utilizar esta columna para hacer una denuncia y crítica a la vez al sector automovilístico colombiano que se encuentra hoy en manos de unos pocos que lo han utilizado para mantener elevadísimos los precios de los automóviles, haciendo que sólo las personas adineradas puedan adquirirlos. También los bancos se han beneficiado de esta situación al imponer intereses tan altos que hacen que las personas de escasos recursos duren toda sus vidas pagando onerosas cuotas para cubrir los préstamos para la compra de carros.

Como se observa, las concesiones especiales para la importación de vehículos las tienen pocas personas y ahora ellas han forjado una gran alianza con las poderosas compañías norteamericanas: Ford, Chrysler, General Motors y otras, para impedir la importación a personas particulares con el pretexto de que tienen que proteger a las concesionarias en Colombia. El caso es que recientemente, la compañía Ford envió una carta a todas sus concesionarias en los E.U., especialmente las cercanas a los lugares de exportación, diciéndoles que cuando una persona particular quiera comprar su propio vehículo y llevarlo a Colombia, le cobren los impuestos de compra en los E.U., es decir lo que equivale a un doble pago de impuestos, porque ese mismo vehículo, después, tiene también que pagar los impuestos y aranceles de entrada a Colombia.

Entendemos que en el TLC, quizás por la presión de esta industria en Colombia, realmente no contempló nada acerca de esta industria más que, a un término de diez años, cuando ya los burócratas terminen de llenar sus bolsillos con todo el dinero que actualmente devengan de la venta de carros carísimos que en los E.U. los tiene todo el mundo, se pueda replantear la situación.

Una pequeña excepción se hizo con las camionetas tipo “pick up” 4 por 4 de más de 3.000 c.c. Como resultado de esto, estas camionetas quedaron pagando aproximadamente 17% de aranceles de importación más 16% de IVA, para un total aproximado de 33% del valor original del carro en los E.U. Antes pagaban 36% más 16% de IVA para un total de 52%, es decir más de la mitad del precio del vehículo. Esto implica que el poco ahorro que se produjo se acaba con la nueva doble imposición de impuestos, lo cual, por supuesto, es injusto para con el pequeño consumidor.
Aun más grave es el hecho de que las concesionarias en Colombia en nada le han bajado el precio a estas camionetas, dejando claro el hecho de que la rebaja de aranceles solo ha favorecido a los dueños de estas concesionarias y sus intermediarios como las compañías importadoras. Lo justo es que ellos le pasen algunos de estos ahorros a los consumidores, pero, en nuestro medio, donde a los burócratas se les paga para que queden callados, nada de esto sucede.
En nuestra región la situación es aun más precaria, ya que el consumidor tiene muy pocas alternativas de negociación del precio de su vehículo, debido a la baja oferta y la escasa variedad y disponibilidad. En la mayoría de los casos, el comprador tiene que conformarse con mirar un catálogo y debe esperar hasta tres meses o más para recibir el vehículo escogido.

Mientras que en los E.U. es prohibido vender un carro sin bolsas de aire, en nuestro medio, esta es una opción que cuesta hasta cinco millones de pesos cada bolsa, poniéndose en peligro la vida de todas aquellas personas que apenas pueden pagar por un vehículo de modelo básico.

Las demás opciones son las más baratas que se conocen, como los radios más baratos que existen, sin las novedades tecnológicas como el “bluetooth” y otras. En conclusión, podríamos decir que, en nuestro medio, hacen falta organizaciones que velen por el bienestar del pequeño consumidor y que lleven a las cortes todos estos casos que por ser injustos e impositivos buscan solo favorecer a los poderosos burócratas de nuestro país que hoy también forjan alianzas con el capital norteamericano.