La multilateralidad, es decir, formar parte de organismos internacionales, surge en el mundo por la voluntad unánime de vivir en paz y de no repetir las atrocidades acaecidas en el marco de la Segunda Guerra Mundial. A través de instrumentos internacionales las naciones suscriben de manera libre y soberana convenios, que una vez ratificados, y tratándose de derechos humanos, tienen efectos vinculantes por hacer parte del llamado bloque de constitucionalidad. Todo ello dentro de un mundo globalizado, cada vez más consciente de materializar a través de los organismos multilaterales, objetivos comunes. Es así como Colombia hace parte de la Organización de Estados Americanos, OEA; de las Naciones Unidas, ONU; Estatuto de Roma (por medio del cual se creó la Corte Penal Internacional); Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, también conocido como Pacto de Bogotá; Pacto de San José; Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, por solo citar algunos de los muchos tratados que ha ratificado Colombia como Estado parte. 

Ahora bien, es necesario aclarar que la permanencia a los organismos multilaterales y a los instrumentos internacionales suscritos, también depende de la voluntad libre y soberana de los Estados parte. Recordemos que recientemente Colombia se retiró del Tratado de Bogotá, y eso se hace a través de una denuncia para cesar el compromiso internacional adquirido.

El Congreso de Colombia aprobó el Tratado de Escazú, que es un tratado que descansa sobre tres pilares fundamentales que son: Derecho a la Información, Derecho a la participación y a la Justicia Ambiental, y cuya finalidad es, dicho en pocas palabras, defender el medio ambiente y a quienes defienden el medio ambiente. Actualmente 22 países del Caribe, lo han ratificado, y no se puede decir, sin faltar a la verdad, como lo afirma una senadora del CD: “El acuerdo de Escazú sí representa una cesión de la soberanía para los países parte. Por eso naciones como el Perú decidieron no ratificarlo”.

No es ni con mucho, una cesión de la soberanía por parte de Colombia, y no lo es por una sencilla razón: Estos instrumentos internacionales proclaman que los Estados partes tienen la potestad de investigar y sancionar las transgresiones contra el medio ambiente, y que solo intervienen subsidiariamente en aquellos casos que no se han investigado, o no se investigaron lo suficientemente, es decir donde el Estado ha sido negligente, con un propósito: evitar la impunidad. Así las cosas, consideramos que en un país como el nuestro, donde ambientalistas son amenazados, desplazados y hasta asesinados, surge este tratado como un bálsamo para poner el “tatequieto” a tanta impunidad.

Frase de cierre: “No podemos construir nuestro futuro sin ayudar a otros a construir el suyo”. Bill Clinton, presidente de EE. UU. (1993-2001). 

Darío Arregocés Baute

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