Terminado el proceso electoral de octubre pasado donde los colombianos eligieron sus autoridades locales y en gran avance los procesos de empalme entre los gobiernos entrantes y salientes, los ungidos por el pueblo no disfrutan del triunfo cuando desde ya comienza otra lucha titánica, la escogencia del gabinete que lo acompañará en su mandato.

Aunque parezca una tarea fácil, esto es de vital importancia debido a que el talento humano es el activo más valioso con que cuenta el gobernante, ya que con su trabajo, dedicación y esfuerzo contribuyen para que la administración cumpla con la misión del estado y responda a las demandas de los ciudadanos, garantizando la integridad y calidad en el servicio.

La selección del gabinete se convierte en muchos casos en la piedra en el zapato para muchos gobernantes, quienes no cuentan con la suficiente capacidad en su planta de personal para brindar oportunidad laboral a sus electores, quienes debido a la crisis laboral, económica y falta de empleo fijan las esperanzas en las administraciones (alcaldías y gobernaciones) como la tabla de salvación para ganarse el sustento que permita mejorar las condiciones de vida de su familia y generarle bienestar.

Por ello, muchos gobernantes olvidan las prioridades estratégicas de su entidad, saciando el apetito burocrático de sus aliados políticos y la necesidad laboral de sus electorales, sin un direccionamiento estratégico y de una planeación institucional, llevando al traste la generación de resultado de la entidad pública e incumplimiento de las metas propuestas, lo que se traduce en una mala gestión y administración.

Los próximos gobernantes deben pensar en sus comunidades, en el éxito de su gestión, por eso para la escogencia de su gabinete es necesario realizar una política de gestión estratégica del talento humano, que le permita escoger el mejor recurso humano posible, para que bajo su liderazgo cumplan con una buena gestión y reflejen excelentes resultados.

Por consiguiente, los gobernantes al momento de escoger su gabinete deben tener en cuenta en su capital humano su conocimiento, capacidad, habilidades, actitudes, idoneidad y los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia que propendan por garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía, permitiéndoles con ello, una buena administración y el incremento de la confianza en las entidades públicas y sus servidores.

Así mismo, se debe tener en cuenta la calidad humana de las personas, puesto que va desempeñar funciones públicas, lo que indica que el individuo va brindar un servicio de utilidad social, que requiere de personas que perciban su trabajo como el cumplimiento de su labor y no como una obligación, quienes tengan como misión primordial servir a su comunidad, no servirse de la misma y de su posición.

Solo así los gobernantes garantizaran una interrelación armoniosa y respetuosa entre su administración y la comunidad, logrando con ello la confianza que haga posible el trabajo en equipo, permitiendo de esta manera que las comunidades y gobierno interactúen y logren acuerdos que conlleven a la satisfacción de las necesidades y el bienestar de su gente.

De lo contrario estaría condenando su gobierno al aislamiento y desconfianza con las comunidades, obligándolos adelantar su gestión de espalda a la gente, en vez de adelantar una política pública estaría supeditado a construir una política dictatorial toda vez que las decisiones deberán ser tomadas sin contar con el beneplácito de su comunidad.