El 14 de mayo de 2022 se cumplió un año de haber sido dado de alta luego de sobrevivir al COVID-19, por supuesto la principal recomendación era la de hacerme un estricto seguimiento post covid dadas las posibles secuelas que sobrevienen después de estar expuesto a una enfermedad mortal donde se ven comprometidos todos los órganos vitales y todo el organismo en su conjunto; la realidad es que hoy después de más de un año la EPS no me ha dado una sola cita por uno de los mil motivos que manejan para no darlas: “no tenemos agenda”.

Mi caso es uno más de los miles que se presentan a diario y que en su mayoría se diluyen en las redes sociales a donde acuden la mayoría de las pacientes, quienes víctimas de su frustración, esperan tal vez que por ese medio alguien pueda darles solución a un problema que pareciera no tener fin, y lo más grave enfrentarse a un sistema que ha demostrado cero empatía con los pacientes y además goza de mucho poder.

El sistema de salud en Colombia sufrió un revolcón a partir de la expedición de la ley 100/93 la cual ha sido objeto de múltiples críticas que van desde una estrategia de campaña política hasta los más juiciosos análisis de expertos en el tema, algunos por supuesto argumentando las falencias estructurales del sistema y otros tratando de vender la idea de que es lo mejor que nos ha podido pasar a nivel de salud.

La ley se gestó sobre la base de ampliar la cobertura en salud, la cual era precaria en más de la mitad del país especialmente en las zonas rurales y la razón era la misma por la que atraviesan todos los servicios en manos del Estado, y para ello había que quitarles a los políticos el manejo de los recursos a través de los hospitales públicos, los cuales se convirtieron en fortines electorales, focos de corrupción y entregársela a las empresas privadas que son sinónimo de eficiencia.

En términos generales la intención del modelo era sano, pues ampliaba el espectro de atención integral y buscaba evitar la enfermedad a través de la prevención y la promoción, para ello surge el modelo de EPS (Entidades Promotoras de Salud) y las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), las primeras a través de la administración de los recursos y el sistema mismo y las segundas las prestadoras del servicio en sí, pero como todo en este país el negocio se lo entregaron a privados pero detrás de ellos estaban los políticos que crearon alrededor de 100 empresas de este tipo para manejar $49 billones anuales, una cifra que les hacía agua la boca.

Por supuesto mostraron su verdadero interés, lo que perseguían era el recaudo de los recursos que se giran a través del FOSYGA (hoy ADRES) por cada afiliado y bajo la estrategia de “aseguramiento,” es decir el mismo negocio que hacen las aseguradoras, mayor recaudo menos eventos; en síntesis para que el negocio sea rentable hay que evitar al máximo que se presenten reclamaciones, por supuesto ante una sociedad enferma en toda la extensión de la palabra esta ecuación no se cumplió y la demanda de atención se mantuvo creciente pues no cumplieron con su papel de prevención, es entonces donde asumen la perversa decisión de anteponer el negocio por encima de la vida y restringen el acceso real a la atención a través de trabas, trámites engorrosos, filas interminables y lo que es peor medicamentos de bajo costo y efectividad.

Cuando se pierde la salud lo que el paciente requiere es la atención, el tratamiento y el medicamento, no necesita una fila para que le entreguen un papel, luego hacer otra en donde le autoricen una cita cuando ya no hay remedio; no es cierto que el dinero que circula en el sistema sea de las EPS Privadas, el sistema lo financian los empleados, los empleadores y el resto lo aporta el Estado vía transferencias.

Ahora, la solución puede involucrar a los actores actuales, por ejemplo, las actuales EPS pueden transformar su infraestructura en prestadoras del servicio de atención en salud, eso sí, no podrán manejar los recursos y estarán sometidas a la vigilancia permanente del estado.