Imperativo recordar, la educación ha sido el eje fundamental de todo conocimiento. Por supuesto, es deber estatal garantizar y construir país, propender condiciones óptimas a profesores(as), que han dignificado por muchas décadas esta prodigiosa profesión. 

De manera que, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, registra una serie de dificultades relacionadas con la contratación tardía de instructores, escases de estudiantes en conformar el cupo mínimo de 20 aprendices por programa académico, lo que presuntamente vulnera el derecho fundamental a la educación.  

Así las cosas, el funcionario Wilfredo Grajales Rosas, director nacional de Formación Profesional, manifestó lo siguiente en la W Radio: “Estamos hablando de educación no formal. Tenemos un calendario y lo vamos ajustando con respecto a las necesidades. Los cambios de gobierno siempre están generando cambios que se traducen en los planes de desarrollo y situaciones nuevas como el reemplazo de personal. Todo eso genera movimientos más lentos”.

Recuerdo mi experiencia de instructor en el SENA por varios años, esto evidencia incertidumbre en los programas académicos, trasgreden derechos comunes y promueve la inseguridad contractual a los profesores. Contrario al funcionario, desacertada planificación y ejecutada estrategia académica.

Oportuno advertir, del rublo presupuestal aprobado en la reforma tributaria, tiene que garantizar los derechos, sin vulnerar la presencialidad y la virtualidad, esta última pedagogía se ejecuta mediante la plataforma “SOFIA PLUSS”, herramienta que facilita el conocimiento técnico, tecnólogo formal y no formal en el país. 

Ahora bien, el SENA ha “adelantado en los últimos años contratación de casi 20.000 instructores”. Por supuesto, esta modalidad de contratación directa es susceptible de lupa. 

Las ops o contratos de prestación de servicios profesionales suscritos, están por los honorarios mensuales alrededor de $4.000.000, con el agravante de cumplir 160 horas mensuales y la presión de buscar aprendices de lo contrario reciben honorarios proporcionales. Tendrá que dignificarse el empleo con la aprobación de la reforma laboral y garantice derechos laborales dignos.

El SENA debe brindar capacidad institucional para la ejecución del contrato. El profesional contratado deberá ser diligente al cumplimiento contractual, y no verse afectado por la población estudiantil e implementación de políticas públicas.

El gobierno actual, en su afán de brindar condiciones de justicia social y acceso a la educación pública, no alcanza en el objetivo. Persisten los indicadores de pobreza y necesidades económicas de muchas familias.

Ante esto, prevalece la supremacía de la educación. El clientelismo es notorio y los perjudicados es el conglomerado de aprendices por la ausencia de garantía al derecho fundamental de la educación. Por décadas, han sido susceptible de desigualdad.

Ahora bien, inadmisible estas conductas. Refleja impotencia ante aquellos que administran y regulan el erario a esta loable profesión, esforzando el cumplimiento de metas a un programa de educación. No obstante, la deficiencia administrativa registra alto abandono en infraestructuras físicas para el acondicionamiento óptimo del sistema educativo integral para estudiantes, profesores o instructores. 

Corolario, estos hechos notorios embargan el desamparo y deficiente a la gestión educativa en algunas regiones del país. Refleja impotencia por quienes en principio están consagrados con la pedagogía y la capacidad de formar en el conocimiento. La educación y acceso a las instituciones son derechos constitucionales, inherentes e intransferibles al ser humano por el deseo de superación profesional.