El Cesar hace parte del grupo de departamentos donde las víctimas deben enfrentar amenazas al intentar reclamar las tierras de las que salieron desplazados por presiones de grupos armados ilegales.

La alerta la hizo la organización internacional Human Rights Watch en un informe divulgado ayer en Bogotá, titulado ‘El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia’, que documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que estarían vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras.

Además del Cesar, los investigadores de la Human Rights, luego de entrevistas y visitas a campo durante año y medio, hallaron abusos contra víctimas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, que intentaban recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución.

De los 510 reclamantes amenazados, 48 son del Cesar, una cifra que debe llamar la atención de las autoridades municipales y del departamento para lograr unidad alrededor del cumplimiento de la Ley 1448, que como lo ha advertido EL PILÓN en varios editoriales, requiere del concurso de los 25 alcaldes y del Gobernador, debido a lo complejo que se hace la reparación, la restitución y la no repetición de los hechos victimizantes. 

En la edición de este lunes 16 de septiembre, nuestra portada fue dedicada al caso de uno de los parceleros del predio El Toco, en el municipio de San Diego, que luego de conocer la notificación de un Juez Especializado de Restitución de Tierras y de llegar hasta su predio a recibirlo formalmente, fue amenazado por la persona que se quedó con su parcela.

El caso de El Toco aparece relacionado en los casos ilustrativos de este informe, en el que afirman que “…El líder de las familias desplazadas que reclaman tierras en El Toco decidió abandonar temporalmente la región a causa de amenazas de muerte recibidas en 2012 y 2013. El caso de El Toco fue el primero del departamento de Cesar procesado en el marco de la Ley de Víctimas”.

Pero no sólo está este caso. También aparecen las amenazas de los reclamantes de tierras en el corregimiento de La Mesa, en Valledupar.

Los hechos son evidentes en el Cesar. A parte de estos dos casos simbólicos del departamento, la territorial de la Defensoría del Pueblo ha hecho las alertas oportunas al conocer los casos de amenazas y de intento de homicidio contra líderes de restitución de tierras y de víctimas en el sur, centro y norte del Cesar. Muchos de éstos no cuentan con un esquema de protección y están a la espera de las medidas pertinentes para proteger sus vidas, una decisión que viene desde el alto gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección –UNP-.

Este problema ya tiene varias voces que claman mayor atención de las autoridades: primero lo hicieron los líderes, después la Defensoría y ahora la organización internacional Human Rights Watch.

El Cesar es el tercer departamento con mayores reclamaciones de tierras -195 mil hectáreas-. ¿No les parece esta cifra suficiente para hacerle frente al problema?