Por: Amylkar D. Acosta M1

Acaba de ser sancionado por parte del Presidente Santos el Acto Legislativo No. 05 del 18 de julio, “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”. Tras su promulgación el Presidente Santos manifestó que esta “no es una reforma cualquiera, es la gran reforma de la equidad en Colombia. Los departamentos productores seguirán recibiendo más que los demás, pero la buena noticia es que los ingresos subirán para todos”. Claro que, como ya veremos, los departamentos productores “seguirán recibiendo más que los demás”, pero mucho menos de lo que han venido recibiendo ellos mismos, de manera que no es muy consolador para ellos el anuncio presidencial.
A propósito de equidad, ya lo había dicho antes el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry: “aprobamos la reforma de las regalías, que cambiará el país. Esa gran cantidad de recursos se invertirá en obras de infraestructura en todo el país; la mermelada va en toda la tostada”. Cabe preguntarse qué va a ser del resto de la mermelada, porque la explotación de los recursos naturales no renovables (RNNR) no sólo causa regalías sino impuestos; para ser más claros, son mayores los ingresos por este último concepto que por aquellas. De lo que se trata es de promover la equidad interregional, pero con cargo a los recursos que hoy reciben las propias regiones redistribuyéndalos entre ellas, lo cual es inequitativo con las que resultan diezmadas.

El Gobierno Central, además de los ingresos por concepto de impuestos también recibe dividendos de la estatal petrolera Ecopetrol, de la cual retiene el 89.9% de sus acciones; sumados los impuestos y los dividendos que percibe sus ingresos superan con creces el monto total de las regalías. Para ejemplificarlo basta con citar lo ocurrido en 2009, año este en el cual los impuestos pagados por el sector minero-energético representaron el 53% como fuente de financiación del gasto público, los dividendos el 19% y las regalías sólo el 28%, los cuales totalizaron casi $20 billones. Es más, según las proyecciones del propio Gobierno Nacional se espera recibir en esta década $260 billones por concepto de impuestos y a lo sumo $100 billones por concepto de regalías. Queda claro, entonces, que este Acto legislativo no contribuirá a la desconcentración de los recursos del Gobierno Central sino que recentralizará aún más los recursos, a contrapelo de lo prescrito en la propiua Constitución. Por ello, hemos sostenido que este Acto legislativo es de la misma estirpe y va en la misma dirección de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 mediante los cuales se le recortaron a las regiones las mal llamadas “transferencias”.
Muy seguramente se repetirá dicha, cuyos promotores aún juran y perjuran que no hubo tal recorte porque las entidades territoriales reciben hoy más recursos que antes de la reforma. Esta es una verdad a medias, pues si bien es cierto las entidades territoriales reciben sumas crecientes del Presupuesto General de la Nación a través del SGP, según cálculos de la Federación de Departamentos entre 2002 y 2008 dejaron de recibir $27.9 billones y se proyectan menores ingresos entre 2010 y 2016 del orden de los $71.2 billones, por cuenta de los mismos. Ahora se dirá, como ya se ha dicho, que esta reforma no va a afectar a los departamentos y municipios productores y portuarios, porque a la postre la sumatoria de los recursos que podrán recibir a través de los multifondos, así como la expectativa de mayores ingresos por concepto de regalías producto de la cacareada bonanza minero-energética, les significarán mayores ingresos. Pero, la verdad monda y lironda es que sí se van a ver afectados y de qué forma.

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