P E R I S C O P I O

Por: JAIME GNECCO HERNANDEZ

Se ha dado el relevo en la Dirección Ejecutiva de la Cámara del Comercio de Valledupar y no de cualquier manera; pues mientras el Director saliente   Dr. José Orlandy Castro manifiesta que su retiro de la entidad es voluntario, gentes que conocen bien a la cámara y su desenvolvimiento interno, declaran que ha sido separado de la misma por el “clan” que la dirige desde hace mucho.
Llama la atención  que desde el vil asesinato del Dr. Anuar Yaver Cortés, a la Junta Directiva de la Cámara le hacía falta un directivo pues en tanto tiempo desde entonces, a nadie se le ocurrió pedir a la Presidencia de la República que llenara el vacío. Esta dejadez abre el camino para las elucubraciones acerca de por qué la falta de interés para llenar ese vacío.
El artículo 30 del Decreto  393 de marzo 4 de 2002 dice textualmente: “los conceptos previstos en el presente decreto constituyen los únicos derechos que las cámaras de comercio están autorizadas para cobrar por concepto  de las obligaciones legales de matrícula, renovación e inscripción en el registro mercantil y por los correspondientes al registro de proponentes. Por lo tanto, queda prohibido que bajo denominaciones diferentes u otros conceptos se cobren valores adicionales a los usuarios de estos registros”.0

Sin embargo, en la Cámara de Comercio de Valledupar se instituyó una especie de impuesto de $20.000 con destino desconocido, parece que contra la voluntad de Orlandy quien  fungía como Presidente, Director Ejecutivo, y Secretario  de la Junta, pero el poder estaba en otras manos. Los rubros con que aparecen sustentados los recibos en papelería de la Cámara de Comercio de  Valledupar, con sus sellos y su logotipo, son: certificado de cumplimiento, constancia de cumplimiento y publicación, que no tienen ninguna relación con el pago de la matrícula, la renovación  o la inscripción en el registro mercantil, tal como reza el artículo citado.

Después de haber visto la cantidad de documentos de ésta entidad que he tenido ante mis ojos, tengo que reconocer mi ignorancia al respecto, así como la desconfianza que he sentido por la manera como se han llevado ciertas  cosas, por lo que me permito insinuarle, recomendarle al gremio de comerciantes, quienes son los interesados en saber cómo está su institución, se pida la intervención de un organismo lo más serio posible en éstas disciplinas para que investigue el estado en que se encuentra la misma. Así la nueva dirección puede arrancar con un aval de prestigio y se acaben así los rumores y las desconfianzas ante hechos que nos han llamado la atención. Para muestra, un botón: los comerciantes que llegan a la cámara, pueden ser: a) inscritos y b) afiliados. Los inscritos deben pagar todos los servicios que soliciten: certificaciones, etc., los afiliados tienen privilegios, previo pago de una suma  por la anualidad.

1-pueden elegir y ser elegidos para la Junta Directiva 2- no tienen que pagar por las certificaciones que exijan  3- la entidad les puede expedir referencias para entidades financieras y para proveedores. Cuando alguien llega a inscribirse, le pueden cobrar la anualidad como afiliado, que son mínimo $62.000.oo, según una tabla progresiva, pero el cliente no lo sabe, paga lo que le piden; pero ya quedó como afiliado, y no concurre a las elecciones porque nadie le ha dicho que es afiliado; será que alguien ejercerá el derecho de elegir que él no ejerce por desconocimiento?.
Se da el caso aberrante y paradójico en que un inscrito, en el mismo recibo, paga la anualidad de afiliado y paga también la expedición de un certificado que no le corresponde pagar, por aparecer como afiliado, pero él no lo sabe,
Ya lo dijo  Sócrates: el que no sabe, no vive.
La entidad recibe entradas tanto del sector público como del privado; acaso esto la autoriza para que lleven una doble contabilidad? Porque así es como han explicado la existencia de la misma, es decir, la doble contabilidad.
Por el conocimiento de parte de éstas irregularidades la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el 29 de noviembre de 2010 la Resolución número 66049 “por la cual se impone una sanción y se imparte una instrucción” donde se impone a la Cámara de Comercio de Valledupar una sanción pecuniaria de $ 7.725.000oo y además se le dan instrucciones acerca de la claridad y transparencia en la recepción de ingresos voluntarios que deben ser solicitados expresamente por los usuarios, así como que deben ampliar la publicidad para que los comerciantes estén realmente enterados de cómo funciona la entidad y la obligación de publicar en la página WEB el texto completo de la Resolución. De paso con esto se de muestra que lo que dice ésta columna es siempre la Verdad. No hemos leído ni escuchado por prensa local nada referente a ésta Resolución.
Se da una nueva administración en la Cámara, pero el relevo de nombres es lo de menos, lo que interesa es un cambio que deje atrás etapas necesariamente superadas, y se comience una nueva de transparencia, de información total de lo que sucede en la entidad tanto para los señores comerciantes como para los demás,  al final somos pocos y nos conocemos bastante.