El día martes 27 de julio, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario de Richard Aguilar, senador de la república por el partido Cambio Radical, por cometer supuestamente los delitos de celebración indebida de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros. Los hechos por los que se le acusa ocurrieron durante los años 2014 y 2015 cuando este era gobernador del departamento de Santander.

Uno de los sucesos que se ha vuelto historia patria en nuestro país son las condenas e investigaciones que surgen a los ciudadanos elegidos mediante voto popular. Es muy común ver candidatos haciendo trampas, con serios cuestionamientos por casos de corrupción, y hasta más. Muestra fehaciente de esto es, por ejemplo: la inyección de dineros ilegales que ingresan a las justas electorales, la violación de la ley de manera sistemática en cuanto a topes de financiación en campañas, el cohecho en el poder público que permite amangualar mandatarios con contratistas a cambio de contraprestaciones por adjudicación de contratos, la presión a servidores públicos y contratistas para votar por un candidato en particular, y demás. Todo esto es de público conocimiento.

Ante esto, cualquier ciudadano que conozca poco del manejo electoral diría: ¿pero por qué estas personas terminan aspirando y ganando en las elecciones? Pues bien, hay dos razones: 1) La primera se enmarca en la poca conciencia electoral de un grupo amplio de personas que como se dice coloquialmente “vota con el estómago”, haciendo referencia a que superpone sus necesidades particulares por sobre el bienestar de las ciudades; el conocido: “¿cómo voy ahí?” que no mide más allá de su propio beneficio. No importa si el candidato es bueno, malo o regular, lo que importa es sacar tajada.

2) Y Los partidos políticos. No podemos obviar, la inmensa responsabilidad que tienen las organizaciones partidarias que avalan a cuanto candidato les represente curules y estatus político, sin importar su ideología, honestidad y carrera política. En Colombia es común escuchar que los partidos políticos venden sus curules al mejor postor; el candidato va y ofrece un dinero a cambio de un aval que le permita hacerse con el cargo al que se postula. También es común ver a ciudadanos relacionados con la mafia o la corrupción ocupando espacios en organizaciones partidarias, y no hay filtro que detenga eso. Existe una comisión de ética que, literalmente, no funciona (adrede) en la mayoría de los partidos políticos en Colombia.

Pero, bajo este escenario, ¿qué se debe hacer para que no se nos cuelen estos personajes? Hay una idea sobre la mesa, expresada por académicos estudiosos de las ciencias políticas que gira en torno a las sanciones que se deberían imponer a los partidos políticos que avalen corruptos. Hoy día, en Colombia, la consecuencia del político corrupto recae solamente en la persona condenada, dejando indemne al partido, y claro, al salir ilesos de todo, los directores de los partidos siguen avalando corruptos porque al final nada les pasa. Nosotros sabemos que con Aguilar hay dos opciones: sentencia o absolución, pero, ¿saben qué va a pasar con Cambio Radical? Nada.

El día que se aplique una sanción seria a una organización partidaria por avalar personas que, de antemano, se sabía de su proceder o actuar delictivo, ese día se puede sentar un precedente histórico en torno a los avales o curules a ocupar dentro de los partidos políticos. ¿Esto acabaría el problema de la corrupción en nuestro país? Claro que no, la sola idea en sí no erradica este mal gigante que tenemos en Latinoamérica. Lo que sí se lograría, con seguridad, es disminuir el margen de error en cuanto a la elección de candidatos con serios problemas en su reputación debido a hecho delictuales. Y esto, para la política es oro puro, si los partidos, a través de sus candidatos recuperan la confianza ciudadana, la democracia, de entrada, va ganando.