Luego 6 horas y medias de debate, este jueves el Concejo de Valledupar aprobó el proyecto que autoriza al alcalde municipal, Mello Castro, celebrar contratos, convenios administrativos y procesos de selección. Cabe recordar que desde el primero de julio, la administración municipal estaba de manos atadas porque la autorización para contratar había expirado. 

Lo sorpresivo del debate del jueves fue que los concejales más cercanos a la administración votaron negativo al proyecto de acuerdo  012 del 2021, por el que se solicitó modificar el artículo 12 del Acuerdo 012 del 2020, por medio del cual se aprobó el presupuesto para el 2021, y en el que se incluyó la autorización para contratar por 6 meses (hasta el 1 de julio).

Con 11 votos a favor y 7 en contra se aprobó el proyecto de acuerdo, pero con varias modificaciones, entre esas un ‘articulito’, en realidad parágrafo, que le dará mayor control político al Concejo de Valledupar sobre  los contratos de la Alcaldía.

El articulito consiste en que todos los contratos que celebre la Alcaldía de Valledupar por encima de los 4.000 salarios mínimos mensuales legal vigente (aproximadamente $3.634 millones a 2021) deberán pasar por el Concejo para que este dé la autorización.

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La propuesta fue aprobada pero causó polémica. El concejal Jorge Luis Pérez  fue el proponente. Según Pérez, es necesario ejercer mayor control sobre las inversiones que realiza la administración. 

“La Constitución Política y la Ley 136 del 94 establecen que los concejos municipales pueden reglamentar la autorización al alcalde para celebrar contratos, convenios interadministrativos y procesos de selección.  A la fecha se han celebrado 920 contratos en Valledupar, alrededor de 3 o 4 contratos superan la cuantía de 4.000 salarios mínimos legales vigentes. Por ser proyectos de gran importancia y de gran cuantía requieren de la vigilancia y control del Concejo de Valledupar”, sostuvo.

Y agregó: “Eso lo hicimos para evitar que se configure nuevamente la falta de planeación en los recursos del municipio y se llegue a un nuevo superávit”. 

Sin embargo, el articulito fue rechazado por otros concejales, con el argumento que será de tropiezo para la administración. “Cambiaron todo el objeto del proyecto. Como ponente me tocó dejar una constancia diciendo que esas proposiciones presentadas condicionaban a la administración y estaban por fuera del contexto jurídico. Desde mi punto de vista es inconstitucional”, señaló el concejal Luis Fernando Quintero. 

Opinión que apoyó el concejal Manolo Fernández: “Voté negativo al proyecto de acuerdo 012 donde se aprueban facultades al alcalde Mello Castro para que pueda contratar por ser inconstitucional. Mi voto siempre será positivo cuando no se afecte el normal desarrollo Valledupar. A mayor inversión, mayor desarrollo para la comunidad”. 

CAMBIO DE PLAZO

El otro cambio respecto al proyecto que llegó fue de tiempo. Mientras a finales del 2020, el Concejo le aprobó  a la Alcaldía una autorización de 6 meses para realizar contratos, en este semestre lo redujeron a 3. Es decir, antes del 9 de octubre, la Alcaldía deberá presentar un nuevo proyecto al Concejo para renovar el acuerdo. 

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¿Por qué? Según el concejal Guido Castilla, proponente de la modificación, la administración está siendo negligente en las inversiones. 

“Necesitamos que mejore la ejecución presupuestal. Hay líneas estratégicas que hoy presentan ejecución cero. Reactivación económica está casi en 0 a pesar de tener recursos aprobados.  Por eso, los concejales debemos hacer seguimiento en tiempo real”, señaló Castilla.  

Y agregó: “Las estadísticas son números, y ellos no fallan. Hicimos un comparativo y encontramos que en una licitación pública se gastan un promedio de 45 días máximo. En esta administración conservan los parámetros. Nosotros les autorizamos 3 meses, claramente no se verán truncados los procesos que adelante la administración. Estamos hablando de razonabilidad y proporcionalidad”, señaló Castilla. 

En la misma línea se mantuvo el concejal Wilber Hinojosa: “Hay unas cifras bastante bajas para la ejecución presupuestal de algunos temas, entre ellos el tema de desarrollo económico en la ciudad. Más de 2.500 millones sin ser ejecutados. Creemos conveniente fortalecer el control político”. 

En cambio, el concejal Jorge Luis Arzuaga calificó de ilegitima dicha modificación: “Voté negativo por considerar que la modificación integral de la ponencia fue ilegitima. Por tal razón no podía refrendar tal ilegalidad”.

Por: Redacción EL PILÓN