La pasada jornada electoral me hizo recordar la anécdota del Primer Ministro Británico Winston Churchill, cuando tomó un taxi para dar una entrevista en la BBC de Londres. Cuentan que al bajarse del vehículo le pidió al taxista que lo esperara unos 10 minutos. El chofer, que no lo había reconocido, le contestó: “No puedo esperar porque tengo que ir a casa a escuchar el discurso de Churchill por la radio”. 

Tras sentirse emocionado con la respuesta, Churchill, le puso la prueba de fuego, le pasó un billete de 10 libras de esterlinas para que lo esperara. Al ver el billete, el taxista respondió: “…Esperaré horas hasta que regrese, señor, ¡y que Churchill se vaya al Infierno!”. Sorprendido por la respuesta, Churchill, expresó. “Los principios han sido modificados por el dinero. Las naciones se han vendido por el dinero. El honor se ha vendido por el dinero. Los hermanos se venden por dinero. Las almas se venden por dinero. ¿Quién le dio tanto poder al dinero e hizo de la gente sus esclavos?”.  

En Colombia, el poder del dinero -fruto de la corrupción política-, permeó hace rato los principios, la ética y la moral de las personas. La compra descarada de votos y los sobornos en la contratación pública, auspiciados por un sistema político que Álvaro Gómez llamó “el régimen de acuerdos y complicidades”, contaminó todos los niveles de la sociedad de este país. Mientras Colombia continúe con ese maridaje de favores entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, será un país que muy difícilmente pueda tener algún grado de progreso en materia de desarrollo económico y de justicia social. 

Claramente, Colombia, necesita urgentemente una reforma política que permita recuperar la independencia de los poderes públicos para poder acabar con la corrupción pública y privada. Una reforma que saque del Congreso de la República la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, Contralor y Procurador, para tener mayor transparencia, independencia y eficacia en las sentencias, investigaciones y sanciones. Una reforma que prohíba el trueque de cargos burocráticos por apoyo en la agenda legislativa entre el gobierno de turno y los partidos políticos, y que solo permita la elección popular de alcaldes de ciudades capitales y distritos especiales.

Sin duda alguna, estas medidas permitirían en el futuro inmediato acabar con la vagabundería de las cuotas ministeriales y los cupos indicativos de recursos de regalías otorgados a partidos políticos y congresistas para perpetuarse en el poder. Lograríamos tener mejores congresistas dedicados a hacer buenas leyes, mejor control político y gestión en beneficio de la población de sus regiones, en vez de elegir congresistas dedicados a gestionar coimas de contratos públicos para financiar la compra de votos de sus próximas campañas y sus negocios particulares. 

En fin, acabaríamos con ese círculo vicioso de corrupción política que tiene al 42% de los colombianos sumidos en la pobreza monetaria y al 14.6% sin empleo, esperando cada dos años una campaña electoral para vender su conciencia por un billete de cien mil pesos para poder asegurar por una semana al año, los tres platos de comida a su familia.  

En el tintero. Mil gracias a las 5.000 personas que me dieron su voto de confianza.