Rocío Escorcia Boneth fue la primera persona que relató  que su hermano,  Jhon Jader Escorcia, fue una de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ por miembros del Batallón de Artillería N° 2 La Popa de Valledupar durante la audiencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. 

“En el periódico EL PILÓN reconocían a unas víctimas que habían sido enterradas como N.N… me vine a Valledupar, llegué a Medicina Legal y allá me dijeron que debía ir al cementerio y acá me dicen que los restos eran imposibles obtenerlos porque se los habían llevado a una fosa común en el cementerio nuevo”, contó la mujer oriunda de Pivijay, Magdalena. 

Dicha publicación de esta casa editorial data del 11 de septiembre de 2007, tres años después de la desaparición y muerte de su hermano por parte de militares del Ejército Nacional de Colombia en el departamento del Cesar. 

PÁGINA JUDICIAL 

La página judicial de este diario se refería a 28 cadáveres reconocidos, según reveló Carlos Murillo, director forense de la época, mediante las huellas dactilares que fueron tomadas durante la necropsia años antes y cotejadas con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ahí estaba el nombre del jóven de 21 años, de Fundación, Magdalena, quien había sido engañado junto a Carlos Alfredo Castro Aguirre, Esnel Matute Ibañez, Wilson Darío Ruíz Arboleda y Luis Javier Molina Gutiérrez por paramilitares. 

A los jóvenes les ofrecieron trabajar recogiendo café en el corregimiento de Santa Clara, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero nunca regresaron. 

Rocío Boneth, técnica en investigación judicial, dijo a EL PILÓN que conserva la copia de esa edición informativa que obtuvo por medio de unos primos que residen en la capital del Cesar y quienes le avisaron del reconocimiento. 

“Esa nota fue muy importante porque si no es por eso yo no me entero de que mi hermano estaba muerto”, agregó la magdalenense. No fue hasta el 2016 cuando la mujer obtuvo los restos de su hermano, pero este 18 de julio le pidió  a los 12 militares que se acogieron a la JEP, y a los que no, “que cuenten toda la verdad”. 

CASO WIWA 

Osmaira Oñate es hermana de Luis Eduardo Oñate, indígena wiwa asesinado el 27 de febrero de 2004  en la vía Badillo, Cesar, San Juan del Cesar, La Guajira,  por la estructura criminal que se gestó entre el ejército y los paramilitares de la región. 

“Hace 18 años yo ando con este periódico buscando quiénes fueron los asesinos de mi hermano porque ha habido mucha estigmatización para el pueblo wiwa porque él fue presentado como paramilitar dado de baja en combate”, dijo la artesana mientras sostenía un periódico de Vanguardia Liberal. 

La mujer indígena rechazó la información expuesta por la prensa local: “Así como los presentaron como de las AUC, pensé que luego se retractarían, dirían sus nombres y yo lo mostraría con orgullo acá en el pueblo”.  

En los archivos del 1 de marzo de ese mismo año  en EL PILÓN  también se registró la noticia: ‘Dos presuntos autodefensas muertos en combate’, tituló esta casa editorial. 

“Según informaciones militares, el enfrentamiento se produjo cuando la autoridad adelantaba labores de registro y control del área y fueron atacados por hombres armados, al responder militarmente se produjeron las bajas”, señalaba la nota de prensa. 

Es importante mencionar que el ejercicio periodístico en el Cesar también se ha desarrollado en medio del conflicto, en la época más aguda, los periodistas trabajaban condicionados y bajo la presión de guerrillas y paramilitares. 

El asesinato de Guzmán Quintero Torres, quien fue director de EL PILÓN, así como el de la comunicadora y defensora de derechos humanos Amparo Jiménez Pallares, marcaron un precedente para la censura en este oficio.

Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN. 

@andreaguerraperiodista