Por: Juan Camilo Restrepo

La semana pasada hubo un interesante foro en la Universidad del Rosario sobre un tema que, ni pierde actualidad, ni lo perderá en los meses venideros: la crisis financiera de la salud pública en Colombia.

Las cifras que allí expuso el mismo gobierno (por boca de la viceministra de Hacienda, en una muy didáctica ponencia por cierto) no pudieron ser más inquietantes: la sola unificación del  POS del sistema subsidiado con el del contributivo – que ya tienen ordenada tanto la ley como la Corte Constitucional- tendrá un costo entre $4 y 6 billones de pesos, que no están financiados a la fecha.

Al mismo tiempo, la ley que en este momento se está tramitando en el Congreso para ratificar la elevación del IVA a las cervezas, cigarrillos y juegos de suerte y azar que se decretó con la pasada “emergencia social” producirá, en el mejor de los casos, alrededor de un billón de pesos.

Es decir, por éste solo concepto el nuevo gobierno encontrará un hueco que oscila entre 3 y 5 billones de pesos. Pero téngase en cuenta que este faltante no comprende el agotamiento de la cuenta del Fosiga, con cargo a la cual se pagan  los llamados “recobros” que genera el sistema  por concepto de medicamentos y tratamientos que están por fuera del sistema POS. A esta cuenta del Fosiga- según se ha anunciado en estos días- le quedan recursos  para atender dos meses más de pagos antes de agotarse definitivamente.

La crisis es, pues, monumental e inminente. La Corte, cuando tumbó con toda razón la emergencia social (que de emergencia no tenía nada, pues fue un problema que el gobierno dejó crecer indolentemente durante los últimos cuatro o cinco años) le lanzó un salvavidas precario: le permitió que pudiera seguir cobrando los nuevos impuestos hasta el 31 de diciembre del 2010.

Pero aún si esta nueva ley (que permitirá que los tributos a estos bienes de consumo masivo se sigan cobrando a partir del primero de enero del 2011) alcanza a ser aprobada en estas agónicas sesiones de la actual legislatura, es evidente que a la salud le va a quedar un hueco financiero por llenar inmenso.

Claro, no todo en salud es asunto de más plata. Por ejemplo: se dice que ha habido abusos en los precios de los medicamentos que se le recobran al Fosiga dentro del esquema de lo que se conoce como NO POS. Pues bien, para controlar estos desmanes hubiera bastaba regular con determinación los precios de los medicamentos utilizando las facultades que siempre ha tenido  el gobierno. Y para lo cual no se requería “emergencia social”. Sin embargo el gobierno no reguló a tiempo estos precios – por el contrario los liberó – y solo ahora, a las mil y quinientas, ha comenzado a anunciar la regulación de algunos de estos costosos medicamentos.

Igual sucede con la facilitación de la importación de medicamentos genéricos,  punto sobre el que venía insistiendo la iglesia católica. El gobierno prestó oídos sordos a esta juiciosa solicitud. Y solo ahora, cuando se le cayó la emergencia, y cuando el Fosiga está al borde del colapso, anuncia medidas tardías en tal sentido.

El sistema de salud pública de Colombia lo entregará el gobierno saliente en la sala de cuidados intensivos. No le aplicó oportunamente los tratamientos preventivos para evitar que cayera en el coma actual. Ojalá que la nueva administración logre  reanimar a tan importante paciente.