“Tenía el pelo largo, negro y le gustaba tenerlo suelto”, “Era una niña muy humilde”, “Era muy tímida y callada”, “Era muy risueña”, “Le gustaba bailar en la cocina”. Así recordaba la familia Vega Izquierdo a Elibeth Vega Izquierdo, una niña wiwa que, a sus 11 años, salió de su casa, midiendo 1.36 metros, rumbo al salón de cuarto grado en el colegio del corregimiento Sabanas de Joaquina, en jurisdicción de San Juan del Cesar. Desde el 25 de agosto de 2005, su familia nunca más la volvió a ver.
Veinte años después, el 7 de marzo de 2025, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizaron una entrega digna, no solo a la familia, sino también al pueblo Wiwa. Su familia la llamaba “la cachaquita” por su tono de piel más claro. Sin embargo, el reclutamiento forzado la “bautizó” con otro nombre, que luego se usó para difundir en los medios como un logro de las Fuerzas Militares que actuaron en complicidad de grupos paramilitares.
Leer: JEP y UBPD entregan restos de víctimas de falsos positivos en Cesar y La Guajira: ¿quiénes eran?
Una vida truncada por la violencia
La historia de “la cachaquita” fue larga, desconocida y dolorosa. Quizás, si hubiera regresado a casa aquel día, habría ayudado a cuidar a sus hermanos pequeños y a su madre. Tal vez habría terminado la primaria y su padre, quien la buscó por todas partes después de su desaparición, la habría animado a seguir el bachillerato. Quizás se habría animado a formar una familia y crear una comunidad con sus hijos y sobrinos. Posiblemente habría tenido que viajar a San Juan del Cesar y Valledupar para realizar diligencias de adulto, como obtener su cédula de ciudadanía. Quizás hoy tendría 35 años, seguiría con el pelo negro suelto, su actitud diligente y su sonrisa apabullante.
Pero la historia real terminó mal. Nunca regresó del colegio, nunca terminó la primaria. Su familia la buscó por todos lados. Fue dada de baja y mostrada como guerrillera. El Estado le falló de todas las formas posibles. Apareció, a los 16 años y midiendo 1.50 metros, con otras ropas, con otro aspecto ajeno al recuerdo de su familia.
La dura realidad de las búsquedas indígenas
Aunque las familias buscadoras esperan ser de las afortunadas que encuentran a sus familiares con vida (170 a nivel nacional y 2 en el Cesar, según la UBPD), lo cierto es que las búsquedas indígenas, en especial las de los pueblos alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, están llenas de prejuicios y estigmas.
Según un informe de El Espectador en el 2022: “La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el macrocaso 3 relacionado con falsos positivos priorizó el subcaso Costa Caribe, en el que se analizaron 71 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que dejaron 127 víctimas —de las cerca de 6.402 en todo el país— presentadas como muertes en combate por militares del Batallón de Artillería N.° 2 La Popa en ocho municipios del norte del Cesar y dos del sur de La Guajira entre 2002 y 2005”.
De los 71 hechos, solo en 14, que involucran a 37 víctimas, se profirieron sentencias condenatorias (siete de ellas ejecutoriadas). Fueron imputados los excomandantes del Batallón La Popa: coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel Juan Carlos Figueroa Suárez, al igual que el jefe de inteligencia, teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha, quienes no aceptaron su responsabilidad en estos crímenes.
El estigma hacia los pueblos indígenas
En un informe realizado por Consejo de Redacción y El Espectador en 2022, se aseguró, con fuentes de buscadores y líderes indígenas, que los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son de los más afectados por el conflicto armado, en especial por el estigma que sufrieron y la explicación que encontraron en las ciudades al exterminio.
“En la década de los 80 estuvieron en este territorio los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, que usaron ese corredor para instalar campamentos, ejercer control social sobre la población, esconder secuestrados y reclutar a miembros de la comunidad. A finales de los años 90, llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, dice el informe “Kankuamo, el pueblo indígena de la Sierra Nevada al que señalaron de ser guerrillero”.
Leer: Veinte años de lucha por sus desaparecidos para las familias kankuamas
Atrapado en la confrontación entre diversos actores armados, el pueblo kankuamo es uno de los ejemplos más ampliamente reportados de este fenómeno de estigmatización porque fue injustamente asociado tanto con los paramilitares como con la guerrilla. Esta situación derivó en una serie de actos violentos en su contra, incluyendo asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con un diagnóstico del Ministerio del Interior, entre 1982 y 2008, 367 miembros de la comunidad kankuama fueron víctimas fatales de estos grupos, siendo los paramilitares responsables de 191 asesinatos, la guerrilla de 97 y el Ejército de 19.
El caso de Consuelo Araújo Noguera
El secuestro y asesinato de Consuelo Araújo Noguera, La Cacica, exministra de Cultura, por las FARC, exacerbó la estigmatización del pueblo kankuamo, especialmente aquellos de apellido Arias. Tras ser secuestrada en septiembre de 2001 y posteriormente asesinada, el Ejército culpó a los kankuamos de colaborar con la guerrilla, alegando que el secuestro había ocurrido en su territorio y que un indígena apodado “Tito Arias” había participado.
Esta acusación llevó a una ola de violencia contra los kankuamos. Entre 2002 y 2005, nueve indígenas fueron asesinados por el Batallón La Popa y presentados como guerrilleros abatidos en combate, a pesar de las medidas de protección ordenadas por la CIDH y la Corte IDH para frenar el exterminio del pueblo kankuamo. Un ejemplo trágico es el asesinato de Carlos Arturo Cáceres Arias, muerto por el Ejército el mismo día del nacimiento de su hijo.
Avances y desafíos en la búsqueda
Luz Yaneth Forero, directora nacional de la UBPD, lleva cuenta de las solicitudes de búsqueda de las etnias alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta: 77 wiwas, 66 kankuamas y 7 arhuacas.
El coordinador de la UBPD del Cesar y La Guajira, Orlando Carreño, contó los progresos que se realizan en materia de búsqueda de desaparecidos en las poblaciones étnicas de la Sierra Nevada de Santa Marta: “Está asociado al Plan Regional Sur de La Guajira y el norte del Cesar. Con el pueblo Kankuamo, se han realizado avances importantes, incluyendo recorridos de verificación y jornadas de toma de muestras a familias. Se planifican salidas en marzo y abril para recopilar información adicional y desarrollar hipótesis sobre los casos”.
Sin embargo, Carreño mencionó que persisten acciones de grupos irregulares en la zona. “Ayer se discutió con la directora sobre la importancia de implementar corredores humanitarios para facilitar la verificación de lugares y garantizar el acceso de los equipos forenses. Este enfoque es esencial debido a la presencia continua de grupos armados como las disidencias y el Clan del Golfo, lo que genera temor entre algunos aportantes que anteriormente formaron parte de grupos armados o de la fuerza pública”, explicó.
Carreño también informó sobre las entregas dignas realizadas a los pueblos de la Sierra Nevada. “Ayer se entregó la primera entrega digna a una niña del pueblo Wiwa. Aunque no se han realizado entregas a los kankuamos, se han llevado a cabo acciones de recuperación y hay cuerpos en proceso de identificación con el instituto correspondiente. Se espera que antes de finalizar el primer semestre de 2025 se realicen entregas importantes al pueblo Kankuamo”, aclaró.
El director también mencionó que la directora Forero ha enfatizado que este año es crucial para avanzar en la identificación, con 149 cuerpos recuperados en 2024 en Cesar y sur de La Guajira. “Se están desarrollando hipótesis sobre algunos cuerpos recuperados, y ya se han tomado muestras biológicas para facilitar su identificación”.
Carreño mencionó que “se planea una intervención en el cementerio de la Jagua del Pilar en abril, donde se espera recuperar un cuerpo con identidad orientada, lo que facilitará su identificación”, aseguró el director.
El clamor del pueblo wiwa
A raíz de esos hechos, el pueblo wiwa, durante la primera entrega digna de un desaparecido hacia esa etnia, enfatizó que las ejecuciones extrajudiciales y el exterminio que sufrió su pueblo terminaron, de igual manera, por estigmatizarlos ante todos los hermanos menores de la región hasta el día de hoy, y piden que se empiece a cambiar la percepción que en las ciudades se tiene de ellos.
Poco se mencionan a las familias buscadoras de las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, no hay murales y, según Jaison Arias, un hermano buscador kankuamo, nadie ha ido a preguntarles cómo va la investigación, si hay indicios, si le preguntaron a los posibles involucrados, ni mucho menos escribir en letras grandes “Los kankuamos, wiwas y arhuacos tienen razón”.
Por: Katlin Navarro Luna / EL PILÓN
