Hace diez años fue aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Andrés Pastrana la Ley 731 de 2002 para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos, y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.

Hoy sólo seis artículos de los 34 que integran esta Ley están reglamentados. Son letra muerta que después de esta década sigue en el papel, dejando en el olvido a la mujer rural colombiana, con evidentes rastros en el Cesar. Las cifras son contundentes, por no decir que desoladoras, y confirman la paquidermia del Estado para atender una población específica que con sólo un ‘empujón’ puede aportar de manera significativa al Producto Interno Bruto.

De acuerdo con datos del Departamento Nacional de Planeación, PNUD y Contraloría General de la República, el 32% de las mujeres en Colombia son rurales y de éstas el 53% está en condiciones de pobreza y ganan el 41% de ingresos menos que los hombres. Otro dato deprimente es que del 20% de los créditos agropecuarios aprobados a los pequeños productores, el 7,5% benefició a familias campesinas y solo un 0,27% fue para las mujeres rurales. Históricamente las mujeres rurales no han sido consultadas durante la construcción de las políticas públicas agropecuarias.

A propósito de estas cifras y conceptos, se realizó en Valledupar el Encuentro de Mujeres Rurales del Cesar que agrupa a más de 100 mujeres de algunos municipios, una muestra significativa de que existe un movimiento fuerte de mujeres trabajando en proyectos productivos. Para mencionar un ejemplo, las mujeres de la Asociación Plan Mil de Manaure que siembran, recogen, procesan y comercializan un café especial.

Estas iniciativas que en buena hora ejecutan en la región, deberían estar priorizadas en los Planes de Desarrollo de los 25 municipios del Cesar y del gobierno departamental, que sólo menciona a la mujer rural de manera somera y en el peor de los casos, como Valledupar, no toca siquiera el tema.

El llamado es a los alcaldes cesarenses y al Gobernador del Cesar a apersonarse del tema para que generen instancias específicas para la mujer rural, que permitan espacios de participación y decisión de manera activa, y puedan sentarse, por ejemplo, en los Consejos Territoriales de Planeación y en los consejos de educación municipales y departamental, escenarios propicios para consolidar política pública alrededor del tema.

La meta es que las mujeres rurales del Cesar puedan llegar a la Mesa Nacional donde se decide su futuro y apoyan en la construcción de política pública en beneficio de esta importante población.