La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhìa, por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de dación en pago que le dejaba al Municipio una deuda de aproximadamente $ 18.000 millones.

La dación de pago se dio el ocho de noviembre de 2016 entre el Municipio de Valledupar, representado por el mandatario, y la firma Lascano Morales & Hijos. En la Notaría Segunda de Valledupar quedó registro del contrato de dación con el que Lascano Morales & Hijos dieron escritura pública al Municipio de dos lotes a cambio de saldar la deuda de $993 millones por concepto de impuesto predial e intereses de casi 50 predios a nombre de la firma.

El primer lote tiene una extensión de 59.881 metros cuadrados y el segundo, llamado anteriormente Agropecuaria La Esperanza, de 156.710 metros cuadrados. En el documento de dación pública se señala que el deudor (Lascano Morales & Hijos) adquirió el primer bien por una compra según podía constar la escritura pública número 0045 del 22 de enero de 2003 de la Notaría Tercera de Valledupar.

Uno de los procesos que está en investigación es que han aparecido acusaciones sobre la propiedad de los lotes. Según testimonios, la firma Lascano Morales & Hijos habría vendido esos lotes años antes de entregarlos al Municipio.

Por ejemplo, una de las personas supuestamente propietarias envió una petición al Fondo de Vivienda de Interés Social de Valledupar, Fonvisocial, donde marcaba, con documentos, que era propietaria de parte del territorio que el Municipio estaba entregando bajo titulación.
Fonvisocial desestimó los documentos, ya que “carecen de validez”, por eso la titulación de dichos predios se realizó “ajustada a la Ley”.

Por otro lado, vecinos del sector le contaron a EL PILÓN que en 1998 entregaron dinero a los propietarios del predio donde está ubicado hoy el barrio Villa Consuelo, a través de un comité que reunieron, pero luego a través de un proceso judicial perdieron el derecho legal sobre los lotes.

¿POR QUÉ LA COMPRA?

Luego de la dación de pago, la firma saldó la deuda y los intereses del impuesto predial, pero ahora fue el Municipio el que quedó en deuda. El valor de los inmuebles transferidos por título de dación es de $19.935 millones, determinado según el avalúo que se practicaron.

Por eso surgió un saldo a favor de $18.942 millones en favor de la sociedad Lascano Morales & Hijos. Por eso la Procuraduría investiga cómo el Municipio pasó de la firma de un contrato con Lascano Morales & hijos por $19.000 millones de pesos, valor al que se le debían descontar $990 millones por concepto de impuestos adeudados al Municipio, a ser titular de una deuda multimillonaria.

“En Valledupar no hay recursos económicos para resolver estas invasiones pero con herramientas como la dación de pago nos permiten solucionar la problemáticas sociales como las de este sector vulnerable”, explicó el alcalde de Valledupar, Augusto Ramìrez Uhía.

En el lote comprado se ubican dos urbanizaciones: Villa Consuelo y Francisco Javier. Así, según el documento de dación, el Gobierno municipal adquirió los lotes para dar seguridad jurídica a los propietarios para que se legalicen. En ese sentido, la Alcaldía realizó varias jornadas de titulación en ambos barrios.

“No he recibido ninguna notificación formal de esta etapa preliminar que por supuesto es una buena oportunidad para mostrar todos los soportes técnicos y jurídicos que tenemos, que soportan la actuación administrativa donde el Municipio no puso un solo peso de su recaudo y ya se entregaron las primeras 1.500 escrituras públicas a las familias del Barrio Francisco Javier”, señaló el alcalde, Augusto Ramírez Uhía.

LA SOMBRA DE UN POSIBLE CÁRTEL

En enero del año pasado, el diario El Heraldo denunció un presunto cártel de impuestos. Según la denuncia, el modus operandi consistía en que la Alcaldía recibía un lote por un determinado valor como dación de pago por parte de contribuyentes morosos y a este mismo predio, al parecer mediante una resolución de la Oficina de Planeación local, se le da vía libre a un avalúo de mayor cuantía, creándole la obligación del Municipio para devolverle el saldo al expropietario, a fin de que el bien pase al patrimonio del ente territorial.

Redacción/ El Pilón