Por: Andrés E. Quintero Olmos

El mototaxismo en los últimos años, en Colombia, presentó un auge descomunal por el abaratamiento de las motos, debido, principalmente, a la revaluación del peso colombiano y al acrecentamiento de la accesibilidad al crédito por parte de las clases medias y bajas, democratizando sustancialmente el transporte individual.

Sin embargo, puso en relieve las carencias del Estado colombiano en materia de transporte. El director del grupo de estudios de transporte de la Universidad de los Andes, el Prof. Arturo Ardila, expone la opinión de la mayoría científica sobre este tema: “El mototaxismo es un problema social que tiene su origen ante todo en la forma como está estructurada la prestación del servicio de transporte público y más importante en el modelo económico colombiano”.

Aunque el pensamiento facilista seria afirmar que el mototaxismo es un mal pestífero que desordena el tránsito y amplifica la inseguridad tanto vial como pública, no podemos condenarlo sin analizar sus características y consecuencias ventajosas: primero, el mototaxismo si estuviese formalizado tuviera igual validez jurídica, moral y práctica que cualquier otro medio de transporte.
Segundo, sus nefastos efectos en la organización del tránsito son similares a cualquier otra anarquía si no hubiese claras regulaciones, formaciones y controles. Tercero, es un medio de transporte económico que compite con otros medios de transporte (las ciudades colombianas tienen uno de los transportes públicos más caros del mundo para el quintil más pobre de la población) y aporta mayor flexibilidad al cliente y es una oportunidad de empleo formal para la población más alejada a éste.
Cuarto, la inseguridad pública no tiene origen ni se puede combatir a través de la prohibición del mototaxismo. Por tanto, el mototaxismo a pesar de ser víctima de estereotipos injustificados, puede, si se reglamenta adecuadamente, convertirse en una alternativa válida de transporte.
La actual medida del Alcalde de Valledupar pretendió matar dos pájaros de un mismo tiro: con el doble objetivo de bajar la alarmante tasa de inseguridad y de resolver el problema de tránsito generado por el mototaxismo prohibió la circulación en motos de los parrilleros hombres mayores de 14 años. Ineficaz solución que no trata de combatir las causas de la violencia en la ciudad, sino – simplemente- de limitarla a corto plazo, teniendo como externalidad negativa de restringir la movilidad y actividad económica de la población activa más productiva. E inconstitucional y errónea decisión que, además de discriminar y estereotipar a toda la población masculina vallenata, concibe al mototaxismo como un mal absoluto, sin observar sus ventajas frente a las poblaciones más vulnerables que no tienen más opción que soportar el peso de la penuria del transporte público (86.6% de la movilidad de Valledupar depende del mototaxismo según la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal).

Por consiguiente, en vez de inhibir o limitar el mototaxismo a toda costa, los dirigentes políticos deberían más bien enfocar su acción en formalizarlo y profesionalizarlo, como lo han hecho muchas ciudades en el mundo, con el objetivo de reducir su desorden aparente y accidentalidad