Es un tema obligado. Desde estas líneas también nos unimos a los planteamientos hechos en diversos editoriales de los diferentes medios de comunicación del país sobre los estragos del invierno y la poca eficiencia para enfrentarlos por parte del Estado colombiano.

Los titulares de los últimos editoriales son muestra fiel de la grave situación que se presenta en Colombia: “Invierno y corrupción” señala el noticiero La Tribuna del Cesar; El Heraldo afirma que “Urge que la Ungrd dé la talla ante el desastre nacional”, mientras que el periódico El Tiempo acaba de publicar un informe de cómo, en los últimos cinco años, se ha destinado 1 billón 877 mil millones de pesos “en pagos para atención de desastres”. Pero las víctimas del invierno siguen creciendo.

Pese a ser un problema de vieja data la soluciones, o por lo menos la forma eficaz para enfrentarlo, no se vislumbra por ninguna parte, desde las regiones más críticas hasta las de menor impacto invernal, es evidente la falta de prevención, planificación previa o preparación para hacerle frente a aquellas situaciones que son previsibles y que se presentan años tras años. Se sabe que los daños de gran parte de estos fenómenos naturales son inesperados e incontrolables, sin embargo, los que se pueden evitar siguen imparables hasta la fecha.

El Editorial de El Heraldo es contundente al señalar que “en medio de la fuerte crisis invernal que devasta a parte del país, en particular a Chocó, la Alta Guajira y Santander, donde son 370 mil los compatriotas damnificados, a la entidad –en cabeza de Carlos Carrillo- le llueven duros cuestionamientos. Se le acusa de estar ausente o distante de los territorios afectados, donde sus autoridades, sobrepasadas en sus capacidades por la dimensión de las emergencias, lanzan desesperados llamados de auxilio con la esperanza de encontrar la movilización resolutiva, diligente y eficaz del Gobierno central. Pero no ha sido así”.

El país está en medio de una declaratoria de situación de desastre que, según el Gobierno nacional, demandará de un monto cercano a los dos billones de pesos para atender las graves consecuencias del invierno y a los miles de damnificados, recursos que muy seguramente también caerán en ese “barril sin fondo” que existe desde hace décadas.

La pregunta es, ¿qué hacer para evitar que se continúe en esa situación de tratar de acaparar el agua con las manos?, mientras los recursos invertidos no arrojan resultados a mediano y largo plazo. Además ¿por qué no ha habido un control riguroso a esos dineros públicos destinados para atender las situaciones invernales? Ahí tenemos al departamento de La Guajira y la región de La Mojana como dos casos ejemplarizantes de corrupción en esa materia.

Esos ciclos de repetición histórica también se viven en muchas zonas del Cesar, departamento que en estos momentos ha sido declarado en alerta roja, en especial en los municipios ribereños del río Magdalena. Por ejemplo, el alcalde de La Jagua de Ibirico acaba de declarar en emergencia a su municipio y pide ayuda al Gobierno nacional. En Valledupar son muchas las familias damnificadas que residen en la margen del río Guatapurí.

En fin, en Valledupar y el Cesar se siente la fuerza de la Tormenta Tropical del Caribe, obligando a la declaratoria de calamidad pública en razón a las fuertes inundaciones y deslizamiento de tierras, no obstante, ese mismo ímpetu no se palpa en cuanto a las acciones del Gobierno nacional, ente llamado a brindar apoyo a las autoridades locales para ayudarle a mitigar la situación a miles de familias afectadas.