A raíz del paro nacional iniciado el día 28 de abril del 2021 ha ocurrido un sinfín de situaciones políticas, económicas y sociales que cambiaron el curso de la historia reciente en nuestro país.

Uno de esos sucesos estuvo marcado por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia. El 6 de junio de esta anualidad, y después de una negación de entrada al país hecha por el Gobierno nacional, este órgano adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), arribó al territorio nacional. En adelante, la comisión se encargaría de investigar a fondo la situación reciente de brote social y elaboraría un informe haciendo las respectivas observaciones a los mandatarios e instituciones colombianas.

Siendo la finalidad de estas recomendaciones advertir sobre una presunta violación de los derechos humanos a los ciudadanos en el marco de las protestas. Pero, ¿qué dijo la CIDH? El informe tiene más de 200 acápites, trataremos de resumir en dos párrafos lo más importante; al final, una pequeña conclusión.

La comisión señala que en Colombia existe una violencia sistemática por parte del Estado en contra de los actores sociales que hicieron parte de las protestas. El informe dice que hubo: “Uso desproporcionado de la fuerza, violencia basada en género, violencia étnico-racial, violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar”.

Al hablar de sistematicidad, se evoca el concepto de un patrón de conductas encaminadas a resolver el conflicto por un solo camino (el de la violencia) de manera intencional, con dolo. Según la CIDH, la respuesta del Estado colombiano ante la protesta social debe hacerse por las vías diplomáticas y, en caso de usar la fuerza, esta debe ser proporcional. Considera este órgano que el decreto expedido por el presidente en donde da vía libre a la asistencia militar, no solo movió más las aguas, sino que evitó la priorización de otras medidas que pudieran adoptar los alcaldes y gobernadores en sus territorios, como, por ejemplo, el diálogo.

“La seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los civiles”, manifestó la comisión.

Por otra parte, la CIDH recomienda separar la Policía Nacional y el Esmad del Ministerio de Defensa. Como es de público conocimiento, esta institución es de carácter civil y se encuentra a cargo de la nación, ¿eso qué implica? Que la mayoría de decisiones que se adopten son en función de una orden recibida por el ejecutivo, en este caso el Ministerio de Defensa o el mismo presidente de la república.

Es decir, las decisiones adoptadas tienen un componente civil-político, aparte del militar. Así mismo, se recomendó que los casos de violencia policial con ocasión de las manifestaciones sean de competencia ordinaria y no militar, tal y como la Corte Constitucional sentenció con el reconocido caso de Dilan Cruz. Esto ayudaría en la imparcialidad de dichas decisiones judiciales.

Lo anterior, resume grosso modo el espíritu del documento presentado por este organismo y que fue dirigido al Estado colombiano.

Aunque fue un error del organismo no condenar con la misma vehemencia los actos de vandalismo, los bloqueos y la destrucción de la propiedad privada, las observaciones debieron ser acatadas de otra forma por el Gobierno nacional.

Es correcto afirmar que las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes, sin embargo, estas se conciben como un pilar fundamental en materia de fortalecimiento de la democracia y la preservación de los derechos humanos.

En clave política, las posturas adoptadas por el ejecutivo dejan muy mal parado al presidente Duque y su gabinete ante la comunidad internacional. Si bien esboza razones jurídicas al exponer que estas no son ordenes ni sentencias que el Estado debe cumplir, se esperaba una reacción distinta del mandatario, máxime cuando fue Duque quien, en otra ocasión, acudió, presionó y lideró la intervención de los organismos internacionales adscritos a la OEA en el marco de las protestas venezolanas anti gubernamentales contra el gobierno de Nicolás Maduro, algo que él mismo denominó: “el cerco diplomático”. Una iniciativa de política internacional que fracasó. Se considera desacertado responderle a la comunidad internacional de la manera en la que el presidente lo hizo; hacer creer que todo está bien y que no se necesitan grandes reformas en el país es equivalente a querer tapar el sol con un dedo.

Por lo pronto, las instancias judiciales investigan los hechos violentos; mientras, persiste una primera línea que se obstina a no ceder ante esta situación adversa para el país. Una comunidad internacional que nos mira de re ojo y un país que trata de subsistir en medio de la adversidad. “Colombia es una nación, a pesar de sí misma”: David Bushnell.