Por José Félix Lafaurie Rivera

El peligroso escalamiento de la violencia durante el paro nacional, es un mal precedente para el “Gran Pacto Agrario”. Las regiones saben que los disturbios no responden a los reclamos legítimos y pacíficos de los campesinos, sino a la infiltración de guerrillas y la izquierda radical, que buscan aupar una campaña para arrinconar al estamento.

Una trampa pre-revolucionaria para doblegar al Gobierno en los “pendientes” de la agenda agropecuaria de La Habana, que parece haber dado resultado.

No de otra forma se explica la intención de inaugurar la jornada del 12 de septiembre, con la discusión de proyectos de ley que están lejos de solucionar el malestar de los verdaderos campesinos empobrecidos.

Juega el Gobierno con candela. El descontento campesino no aguanta más demagogia y concesiones a las Farc, mientras el campo muere de hambre.
 
Debe saber el Ejecutivo que los legítimos campesinos se pusieron la ruana y esperan respuestas a la crisis que enfrentan. Pero, el éxito de la mesa centralizada dependerá de la representatividad y la forma cómo se aborden las demandas subsectoriales, que hoy distan mucho del asunto de los Baldíos, la Altillanura o el Proyecto de Desarrollo Rural.

El Gobierno conoce los diagnósticos y no ignora las soluciones. En el caso de la ganadería la problemática y sus remedios quedaron planteadas en los Conpes 3375 y 3376 de 2005, el Decreto 616 de 2006 y fueron actualizados en el Conpes 3676 de 2010 y en un proyecto de ley que entregamos al Presidente. Iniciativas que podrían tener una salida expedita desde el “Gran Pacto Agrario”.
 
Pero nadie sabe qué puede salir de allí. A unos días de su realización, no se conocen los mecanismos de convocatoria, las Farc continúan azuzado la anarquía, el Gobierno sigue subestimando la verdadera protesta y la institucionalidad agropecuaria anda manga por hombro.

Así, el instrumento nace muerto. Se necesita construir sobre la improvisación, canales de interlocución oficiales del lado del Gobierno y los campesinos, para que no se diga que en esa mesa no están todos los que son, ni son todos los que están.

De ello dependerá la legitimación de los acuerdos y la voluntad política para hacer de las propuestas de los campesinos un propósito de Estado, con metas definidas, recursos garantizados e instituciones actuantes.