La comunidad expectante requiere una decisión clara y categórica, nada ambigua de si se va a entregar a otra compañía minera la explotación de las áreas mineras a las que renunció Prodeco. Esa es una decisión importante para el país, el departamento, los municipios mineros y la comunidad. El asunto es simple y vamos a […]
La comunidad expectante requiere una decisión clara y categórica, nada ambigua de si se va a entregar a otra compañía minera la explotación de las áreas mineras a las que renunció Prodeco. Esa es una decisión importante para el país, el departamento, los municipios mineros y la comunidad.
El asunto es simple y vamos a simplificarlo. El Cesar producía del orden de 50 millones de toneladas anuales de carbones térmicos, esos minerales exportables que se combustionan en los países compradores, que generalmente son países ricos, grandes emisores de gases contaminantes al planeta.
De ese volumen el 35% lo producía Prodeco en las minas ubicadas al norte de la cabecera de La Jagua de Ibirico y en Calenturitas, en el centro contiguo a las minas de Drummond y CNR.
Esas 17 millones de toneladas hoy podrían representar con los precios actuales unos ingresos de exportación superiores a los US3.400 millones de dólares, 25.000 empleos entre directos e indirectos y $300.000 millones anuales de regalías además de importantes ingresos de impuestos a la Nación, incrementados, doblados con la reforma tributaria. Adicionalmente importantes impuestos a los municipios.
El alcalde de Becerril, en reciente audiencia del Senado en La Jagua de Ibirico, en la que asistió la ministra del Medio Ambiente, lo hizo gráfico: en su municipio 500 personas trabajaban en esas minas y recibían un promedio de $5 millones mensuales, es solo hacer las cuentas.
Mantener esas minas sin explotar no incidiría prácticamente en nada en el suministro mundial (la producción de carbón térmico es de 8.000 millones de toneladas anuales) pero cumpliría, de reactivarse, un beneficio económico y social superlativo. Pero entendemos que el presidente Petro podría estar considerando que quiera hacer del Cesar un modelo de transición energética anticipado, de forzar la diversificación productiva y de mostrar un piloto exitoso.
Nuestra recomendación respetuosa es que se decida ya, para no crear expectativas a la gente y saberse desde ahora si se debe hacer un cierre total de las minas, como pareció sugerir la ministra Muhamad, o se puede dejar en condiciones operativas por Prodeco para un tercer productor para que esa riqueza pueda ser usada para financiar la transición que el gobierno ha prometido, pues sin dinero no hay transición ni diversificación que valga.
Tal y como lo reseña la portada de EL PILÓN de hoy, deja un muy mal sinsabor el incumplimiento que la Agencia Nacional de Tierras, ANT, con la población campesina de la vereda La Guitarra, del corregimiento de Aguas Blancas, sur del municipio de Valledupar, allí brilló por su ausencia cuando todos esperaban a sus funcionarios.
EL PILÓN había destacado en dos ediciones seguidas el entusiasmo y la buena expectativa que generaba el hecho de que el Ministerio de Agricultura y la propia ANT hubiesen escogido a Valledupar y al Cesar para la entrega de titulación de tierras a más de 32 resguardos indígenas y poblaciones afrodescendientes del país. Aplaudimos además las palabras entusiastas de ambos altos funcionarios del gobierno del presidente Petro, porque se percibían en esos anuncios buenas intenciones con el campo del Cesar, pero no, hoy, al igual que esos 800 campesinos de La Guitarra, nos quedan muchas dudas. Ojalá y esa ausencia tenga una buena justificación.
La comunidad expectante requiere una decisión clara y categórica, nada ambigua de si se va a entregar a otra compañía minera la explotación de las áreas mineras a las que renunció Prodeco. Esa es una decisión importante para el país, el departamento, los municipios mineros y la comunidad. El asunto es simple y vamos a […]
La comunidad expectante requiere una decisión clara y categórica, nada ambigua de si se va a entregar a otra compañía minera la explotación de las áreas mineras a las que renunció Prodeco. Esa es una decisión importante para el país, el departamento, los municipios mineros y la comunidad.
El asunto es simple y vamos a simplificarlo. El Cesar producía del orden de 50 millones de toneladas anuales de carbones térmicos, esos minerales exportables que se combustionan en los países compradores, que generalmente son países ricos, grandes emisores de gases contaminantes al planeta.
De ese volumen el 35% lo producía Prodeco en las minas ubicadas al norte de la cabecera de La Jagua de Ibirico y en Calenturitas, en el centro contiguo a las minas de Drummond y CNR.
Esas 17 millones de toneladas hoy podrían representar con los precios actuales unos ingresos de exportación superiores a los US3.400 millones de dólares, 25.000 empleos entre directos e indirectos y $300.000 millones anuales de regalías además de importantes ingresos de impuestos a la Nación, incrementados, doblados con la reforma tributaria. Adicionalmente importantes impuestos a los municipios.
El alcalde de Becerril, en reciente audiencia del Senado en La Jagua de Ibirico, en la que asistió la ministra del Medio Ambiente, lo hizo gráfico: en su municipio 500 personas trabajaban en esas minas y recibían un promedio de $5 millones mensuales, es solo hacer las cuentas.
Mantener esas minas sin explotar no incidiría prácticamente en nada en el suministro mundial (la producción de carbón térmico es de 8.000 millones de toneladas anuales) pero cumpliría, de reactivarse, un beneficio económico y social superlativo. Pero entendemos que el presidente Petro podría estar considerando que quiera hacer del Cesar un modelo de transición energética anticipado, de forzar la diversificación productiva y de mostrar un piloto exitoso.
Nuestra recomendación respetuosa es que se decida ya, para no crear expectativas a la gente y saberse desde ahora si se debe hacer un cierre total de las minas, como pareció sugerir la ministra Muhamad, o se puede dejar en condiciones operativas por Prodeco para un tercer productor para que esa riqueza pueda ser usada para financiar la transición que el gobierno ha prometido, pues sin dinero no hay transición ni diversificación que valga.
Tal y como lo reseña la portada de EL PILÓN de hoy, deja un muy mal sinsabor el incumplimiento que la Agencia Nacional de Tierras, ANT, con la población campesina de la vereda La Guitarra, del corregimiento de Aguas Blancas, sur del municipio de Valledupar, allí brilló por su ausencia cuando todos esperaban a sus funcionarios.
EL PILÓN había destacado en dos ediciones seguidas el entusiasmo y la buena expectativa que generaba el hecho de que el Ministerio de Agricultura y la propia ANT hubiesen escogido a Valledupar y al Cesar para la entrega de titulación de tierras a más de 32 resguardos indígenas y poblaciones afrodescendientes del país. Aplaudimos además las palabras entusiastas de ambos altos funcionarios del gobierno del presidente Petro, porque se percibían en esos anuncios buenas intenciones con el campo del Cesar, pero no, hoy, al igual que esos 800 campesinos de La Guitarra, nos quedan muchas dudas. Ojalá y esa ausencia tenga una buena justificación.