“Es más fácil hacer política con los precios que
política de precios. Pero es infinitamente más
importante lo segundo”. David Yanovich.

Empecemos por reiterar lo que ya hemos dicho sobre la decisión del Gobierno de autorizar el aumento gradual del precio de referencia de la gasolina desde octubre del año anterior, manteniendo congelado el precio del diesel, en el sentido que este es un paso que se dio en la dirección correcta. Veníamos de un déficit acumulado del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles insostenible e irracional. Y, como afirmó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, refiriéndose a esta decisión, “esta permitirá la reducción del déficit del FEPC de $36 billones en 2022 a cerca de $26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose”. Por ello, dicho comité dejó planteada su previsión de la corrección de la brecha de precios que acusa el ACPM hacia mediados de año, augurando que para entonces la inflación haya cedido.

Por esta razón, el anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el sentido de establecer precios diferenciales para la gasolina “para no subsidiar a los grandes consumidores” y en cambio seguir subsidiando a los demás, cayó como un balde de agua fría. En su alegato aduce que no hace sentido que, si “nosotros somos productores y más o menos el 50 % de nuestra gasolina es nacional, que se mezcla con 50 % de gasolina importada…no tiene total sentido que el 100 % del precio de la gasolina se tase con el precio internacional”.

Cabe preguntarse por qué “el 100 % del precio de la gasolina se tasa con el precio internacional”. Hay una razón de peso, Ecopetrol, en virtud del Decreto Ley 1760 de 2003, cambió su naturaleza jurídica y dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Minas y Energía para convertirse en una sociedad anónima mixta por acciones listada ADR en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y se rige por un régimen corporativo.

De lo anterior se sigue que escapa a las facultades y competencias del Ministerio de Minas y Energía la decisión sobre el precio que se le paga a Ecopetrol, y si, hipotéticamente, el Gobierno dispusiera mantener, como se ha mantenido en el pasado, el subsidio al precio de los combustibles se cubriría con cargo al fisco de la Nación, toda vez que el FEPC es deficitario. Lo dice claramente el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla: “Nosotros no podemos obligar a Ecopetrol a vender por debajo de los precios internacionales. Eso es ponerle control de precios a Ecopetrol y nosotros no vamos a llegar a eso”. Ello, además, sería contraproducente, pues iría en contravía del propósito y del compromiso de Colombia adquirido en el Acuerdo de París de reducir en el 51 % sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el año 2030.

Por Amylkar D. Acosta M.