Los tristes y lamentables hechos ocurridos en el puerto de  Buenaventura, el más importante para la economía del país, el miércoles pasado, ratifican, una vez más, que la violencia en Colombia tiene mil cabezas y que – en cualquier momento- vuelve a resurgir.
No tiene ninguna justificación, venga de donde venga, hacer estallar un carro-bomba en pleno centro de Buenaventura, originando la muerte de  nueve personas e hiriendo a medio centenar. Eso es terrorismo; simple y llanamente terrorismo…
Y lo más grave es que las autoridades, al cierre de esta edición, todavía no tenían indicios claros sobre los orígenes de este gravísimo atentado. Pudo provenir de varios frentes: en Buenaventura opera el narcotráfico, la delincuencia común y también la guerrilla y el paramilitarismo.
De tiempo atrás, distintas dependencias del Gobierno Nacional lo saben, el puerto marítimo es afectado por distintos actores armados ilegales que lo utilizan para sus negocios e intereses. En el puerto hay tráfico de armas, narcóticos e insumos de narcóticos, contrabando y toda la economía subterránea que se mueve en Colombia.
Estos hechos demuestran que falta mucho por avanzar en el tema de la seguridad urbana y que la llamada política de seguridad democrática tiene aún muchos lunares.
Insistimos en que es necesario que el país avance en materia de mejorar la seguridad en las grandes ciudades, hacer más en labores de inteligencia y en conquistar la colaboración de la ciudadanía para prevenir hechos tan lamentables como los ocurridos el fatídico miércoles 24 de marzo, en Buenaventura.
Ciudades como Valledupar deben intensificar todas las labores de inteligencia, prevención y control para mejorar su seguridad; en especial ahora con motivo de la Semana Santa y particularmente para la realización del Festival de la Leyenda Vallenata. El fantasma del terrorismo nuevamente recorre al país y es un reto ante el cual no se debe ahorrar ningún esfuerzo por parte del Estado y que implica la colaboración eficaz y oportuna de la ciudadanía.
No es para hacer fiesta
Divulgó ayer el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) las cifras sobre el comportamiento de la economía colombiana en el último trimestre  y en todo 2009.
La buena noticia es que en el último trimestre, es decir entre octubre y diciembre del año pasado nuestra economía creció a una tasa de 2,5 por ciento del PIB, la noticia regular es que crecimos 0,4 por ciento en todo 2009.
No son malas noticias, sin lugar a dudas, pero tampoco son para hacer fiesta. Se trata de un crecimiento mediocre, explicado claro está por la difícil coyuntura internacional, pero también por el cierre del mercado de Venezuela y los problemas con Ecuador. Pero también faltó un plan de reacción interno oportuno y adecuado, no hubo política anticíclica como lo quiere vender ahora el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga.
Aunque el gobierno del Presidente Uribe mantiene una meta de crecimiento de 2,5% para 2010, lo cierto es que el próximo gobierno, el que arranque el 7 de agosto, deberá diseñar una política económica que  busque unas tasas de crecimiento más altas, con generación de empleo y con equidad, que es lo que el país requiere para reducir las tasas de desempleo y pobreza.
En estos temas el excesivo optimismo no es buen consejero, el país tiene que volver a políticas económicas consistentes e integrales que miren el tema del crecimiento, pero con equidad y justicia social. Este es un deber ético del Estado y de los funcionarios públicos encargados de diseñar y ejecutar estas políticas.