Por Miguel Aroca Yepes 

Nunca el Estado colombiano le reconoció la deuda al Instituto del Seguro Social, tasada en 60 billones de pesos, $55 billones por concepto de pensiones y $5 billones por salud. 

El gobierno de Andrés Pastrana formalizó un acuerdo para determinar con exactitud el monto de estas obligaciones y cubrirlas, pues la intención era garantizar la permanencia del ISS y reducir algunas prestaciones de los trabajadores, entre otros puntos, recordó Johnny Guerra, miembro directivo del Sindicato del Seguro Social en Valledupar.

Tras la llegada de Uribe a la jefatura del Estado lo primero que hizo fue desconocer el acuerdo de pago y marchitar la institución, luego la escindió y finalmente la liquidó el gobierno de Santos.

Hoy el expresidente Duque le enrostra a la ministra de salud, Carolina Corcho, la responsabilidad de inducir una crisis en los hospitales para impulsar reformas, mientras la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hace fuertes advertencias, extensivas al Ministerio de Hacienda en el sentido de ser insuficientes los recursos que gira el Estado a las EPS (Unidad de Pago por Capitación UPC), y solicita acciones inmediatas para evitar que colapse el sistema de salud, lo que se toma como un chiste de mal gusto, porque ¿colapsar lo que ya está colapsado?, por el entramado de corrupción que agenció el sector privado. 

Con todos sus males el Seguro Social era lo mejor que había, antes del engendro de las EPS, en que la salud dejó de ser un servicio social para convertirse en un negocio o bien explotable que se maneja como una mercancía, donde no hay tiempo para revisar al paciente, sometido al paseo de la muerte y privaciones en cuanto a remisiones, cirugías, medicamentos y otros servicios porque nunca hay contrato.

Una que otra tutela se interpone al suplicio que describe San Bernardo de Clairvaux: “Es una miseria nacer, una pena vivir y un problema morir”, y con todo ese drama la élite tiene la desfachatez de llamar a construir sobre lo construido, es decir sobre las cenizas de un desastre, lo que raya en la ridiculez. No menos sombrío es el panorama de las EPS que logren sobrevivir, pero colapsarán por falta de capacidad para atender decenas de miles de afiliados que han quedado como la cometa sin rabo. 

¿Pero qué nos sorprende? Si Colombia es un país mojigato, que pone queso donde no hay gato. Quien no controla no puede administrar y los ratones hacen fiesta. Los grandes escándalos de corrupción los sufraga Juan Pueblo, frente a un órgano de control que se preocupa más por destituir alcaldes que hagan política, que es su rol, que contribuir a blindar los recursos públicos.

Más esperanzada se muestra la Procuraduría General de la Nación en que la Corte Constitucional le avale funciones judiciales otorgadas por el Congreso de la República, para destituir funcionarios ungidos por el voto popular, sin importar la separación de poderes que consagra en el Artículo 116 de la Constitución, pero por encima de esa instancia está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas jurisprudencias de bloque constitucional son vinculantes, y en consecuencia puede revocar actuaciones de la Procuraduría, caso palmario del presidente Petro cuando fue destituido de la Alcaldía de Bogotá.