El gobierno está reunido con las disidencias de las Farc. Desde la firma del pacto con Santos ha estado latente la idea de que hubo una estrategia concertada en las Farc para, por un lado, sacar ventajas políticas, económicas y judiciales de una negociación con Santos y darle una jubilación de oro a unos guerrilleros y, por el otro, dejar a otra fracción en el control del negocio del narcotráfico.

Lo que es innegable es que los frentes más involucrados con el narco jamás se desmovilizaron, que incluso los dos jefes de las Farc en los diálogos, Márquez y Santrich, siguieron vinculados al negocio del narcotráfico, y que las facciones aparentemente disidentes de las Farc se han ido fortaleciendo desde la celebración del acuerdo. 

El narcotráfico sigue siendo el motor de la violencia en nuestro país y sin una acción contundente contra el narco, en todas sus facetas, será imposible ponerle fin al conflicto armado. Exactamente lo contrario a lo que hace Petro que, una vez detrás de la otra, toma decisiones que fortalecen a los narcotraficantes y que, además, alimentan las sospechas de que el Pacto de la Picota fue una realidad. 

Por otro lado, es indispensable preguntar si tiene sentido y si es legal abrir negociaciones con un grupo que se negó a aprovechar los regalos que Santos le hiciera a las Farc. Para mí es claro que no son legales, que en lo pactado por Santos quien no se acogiera a las negociaciones se le aplicaría todo el peso de la ley y que después no se podía darle beneficios para su desmovilización. 

Pero aún si fueran legales, tampoco parece razonable abrir una y otra vez negociaciones con violentos que se negaron en su oportunidad a pactar con el Estado. Es un incentivo perverso, un mensaje de que se puede seguir asesinando que igual, en todo caso, tarde o temprano el gobierno se arrodillará de nuevo. Y de que el camino para la impunidad en el asesinato y, en general, en el delito, es el de la organización criminal.

Si se mata mucho y por mucho tiempo, arropado en un grupo criminal, no solo se asegura que el delito no será sancionado, sino que se obtendrán beneficios políticos y económicos que el ciudadano de bien, el que nunca ha delinquido, jamás recibirá. No es solo que el estado de derecho no se respete y que no haya sanción al delito, sino que se rompe el principio de igualdad frente a la ley para tratar mejor al criminal. 

No se me ocurre nada que pueda hacer más daño a la ética y la cohesión de la sociedad que semejante mensaje. Un mensaje que se repite y amplifica, por cierto, en ese programa espantoso que pretende “pagar para no matar”, programa que, además, abre la discusión, planteada por Carlos Alonso Lucio, de si lo que quiere Petro por esa vía es la “milicianización” latente de los jóvenes beneficiarios del programa.