La Unión temporal POT 2013, consultor escogido para la revisión del POT Valledupar; proceso que lleva 4 meses de duración, ha concluido con el diagnóstico del modelo territorial actual adoptado por la pasada Administración, en el que entre otras cosas liberaron las alturas en la ciudad.

En síntesis, manifiesta el estudio, que la norma adoptada no produce beneficios a la ciudad como se esperaba y a cambio acarreó problemas que afectan el normal desarrollo territorial por sus impactos urbanísticos negativos, por no preverse la ampliación de redes de servicios públicos para su conexión inmediata; por no generar espacio público; por no estar regulada la evacuación de aguas freáticas en el caso de sótanos; por ser la edificación en altura la causante principal de la especulación del valor de la tierra y por no tener el municipio el beneficio del gravamen de la plusvalía por los cambios de uso de suelo y por el uso de las densidades establecidas en el Acuerdo 021 de 2011, hoy vigente.

En mi opinión, el diagnóstico prueba que la modificación adoptó unas normas improvisadas, realizada a la ligera sin las debidas concertaciones y socializaciones exigidas, desconociendo las observaciones que en su momento hizo el Consejo Consultivo, pasando inadvertida ante un Consejo Territorial de Planeación cuyos miembros carecían de conocimientos sobre el tema, pasando por Corpocesar, sin defenderse los provechos de la comunidad ante la derogación del artículo 315 del Acuerdo 99 de 1999 que aplicaba al interior de la reserva forestal y ante la ronda hídrica impuesta a la acequia Las Mercedes y al arroyo el Mamón, canales que solo favorecen a privados, en detrimento de la propiedad privada que fue invadida con esta norma, sin producirse ninguna indemnización a los afectados.

No entendí los motivos que condujeron al alcalde para proponer una modificación y a los concejales en aprobarla con tanta celeridad, conociendo ellos que al terminar el año 2011 se cumplían los 12 años reglamentarios para que el mandatario que entrara a gobernar en enero de 2012 iniciara el procedimiento de la revisión general de un POT que ya había cumplido su ciclo; no pudieron esperar 15 días.

Denuncié ante la Procuraduría la falta de justificación técnica y legal del Alcalde para la intervención que se precipitaba y nada pude hacer; no valieron mis objeciones ante el Concejo Municipal, donde defendí hasta el cansancio los intereses de la comunidad para que cambiaran el Acuerdo; la mayoría de los concejales aprobaron la modificación excepcional propuesta, derogando por lo menos el 95% del articulado del Acuerdo anterior pasándose por la faja las limitantes de la ley y las autoridades aunque advertidas no hicieron nada.

Hoy estamos nuevamente velando por un futuro mejor en materia de ordenamiento y los gremios y la colectividad tienen la obligación de reclamar a la Administración municipal y al consultor, la formulación de normas que estén en armonía con los niveles de prevalencia, neutralidad y transparencia que garanticen que los impactos urbanísticos sean positivos y que favorezcan a todos sin distinción.