Valledupar enfrenta un desafío crítico con el crecimiento descontrolado de invasiones, una problemática que ha marcado la realidad de la ciudad durante décadas. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado debido a la falta de acciones efectivas por parte de administraciones anteriores. La reciente situación en Altos de Pimienta, que culminó en el arresto del alcalde Ernesto Orozco por un fallo judicial relacionado, es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y estructural.

Toda invasión en Colombia para su consolidación necesita de la combinación de varios factores: la necesidad urgente de vivienda para poblaciones vulnerables, la avaricia de especuladores de tierras, y la falta de actuación oportuna de funcionarios y dirigencia política. El problema de las invasiones en una bomba de tiempo que ahora amenaza la estabilidad social y económica de Valledupar. Estas ocupaciones ilegales, lejos de ofrecer una solución digna, perpetúan un ciclo de pobreza y exclusión. En lugar de convertirse en barrios prósperos, las áreas invadidas carecen de zonas comunes, parques, colegios y demás equipamientos necesarios para un desarrollo adecuado, lo que margina aún más a sus habitantes. 

El caso específico del predio del mayor Pimienta ha puesto en evidencia la urgencia de abordar esta cuestión con una visión de largo plazo. El desalojo ordenado por la Corte Constitucional, aunque legalmente justificado, tiene el potencial de desencadenar una crisis social si no se maneja adecuadamente. El alcalde Orozco ha solicitado a la Corte una modulación de la sentencia que permita implementar un plan de reubicación para las familias afectadas, minimizando así el impacto social del desalojo. Esta petición no solo es razonable, sino necesaria para evitar que una medida judicial se convierta en un detonante de más conflictos sociales.

Pero ojo, esta intervención del alcalde, aunque importante, no debe ser vista como una solución definitiva. La realidad es que Valledupar necesita un cambio radical en su enfoque hacia las invasiones y la gestión del suelo urbano. La Ley 388 de 1997 ofrece un marco normativo robusto para la planificación urbana, pero ha sido lamentablemente subutilizada. Titular tierras en zonas invadidas debe ser el último paso de un proceso integral que incluya la planificación y el desarrollo urbanístico de estas áreas, asegurando que los nuevos asentamientos cuenten con los servicios y espacios públicos necesarios para un desarrollo digno. Prevenir nuevas invasiones es esencial para el futuro de Valledupar. Los costos de no actuar son simplemente insostenibles. Si el terreno ocupado por la invasión Altos de Pimienta tiene un valor de 108.000 millones de pesos, sin contar las indemnizaciones por el tiempo que ha estado invadido. Este es solo un ejemplo de lo que podría costar al municipio la regularización de todos los predios privados invadidos, lo que fácilmente podría alcanzar el medio billón de pesos, un costo que pondría en jaque las finanzas municipales. 

Además, es importante y necesario que el municipio establezca un inventario claro y proteja las áreas de cesión destinadas al desarrollo urbano. Estas áreas son esenciales para el crecimiento ordenado de la ciudad y su ocupación ilegal no solo perpetúa la informalidad, sino que también pone en peligro la vida de líderes comunales que defienden estos espacios, como lo hemos visto en casos recientes.

Valledupar se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen hoy determinarán si la ciudad avanza hacia un futuro de desarrollo ordenado y equitativo, o si sigue atrapada en un ciclo de informalidad y exclusión. Genera esperanza ver que hoy, toda la dirigencia está abordando el problema de las invasiones con la seriedad y el compromiso que la situación requiere. Solo así es posible construir una ciudad que ofrezca un futuro mejor para todos sus habitantes.

Por: Ricardo Reyes.