El grito de “¡Fuera Petro!” que se escucha en eventos públicos y privados refleja no solo el rechazo hacia el actual presidente, Gustavo Petro, sino también una profunda frustración por lo que la mayoría ciudadana considera un gobierno dudosamente elegido y carente de legitimidad.
En Colombia, el derecho a expresar descontento se ha manifestado de manera ruidosa y sin censura en los últimos tiempos.
El grito de “¡Fuera Petro!” que se escucha en eventos públicos y privados refleja no solo el rechazo hacia el actual presidente, Gustavo Petro, sino también una profunda frustración por lo que la mayoría ciudadana considera un gobierno dudosamente elegido y carente de legitimidad.
Este abucheo masivo es una muestra más del malestar colectivo y una reafirmación de los derechos ciudadanos en una democracia, donde expresar desacuerdo es parte fundamental del ejercicio político.
Es así que el abucheo debe ser visto como una forma de protesta, tan legítimo como cualquier otra manifestación en una democracia, llámese bloqueos, paros o desobediencia civil ya que en cierta forma representan la voz de quienes no encuentran en las vías institucionales una respuesta a sus preocupaciones.
La Constitución Colombiana protege el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica, y en este contexto, el abucheo se presenta como una herramienta de crítica ciudadana.
Sin embargo, el contraataque o respuesta del presidente Petro a estas expresiones ha sido catalogarlas como actos de odio, llegando incluso a llamar “asesinos” a los abucheadores.
Este tipo de reacción pone en evidencia no solo una incomprensión del derecho a la protesta, sino también una preocupante tendencia a descalificar y criminalizar la crítica, confundiendo el desacuerdo legítimo con un ataque personal o una amenaza violenta.
El problema no se limita solo al enfrentamiento verbal entre ciudadanos inconformes y el mandatario. Existe la percepción de que la sociedad colombiana ha perdido su capacidad de asombro ante la expedita manifestación de actos de corrupción, de la explícita incoherencia y de las abusivas actuaciones sin control de los funcionarios públicos.
Esta pérdida de la capacidad de asombro es peligrosa, ya que conduce a una vida superficial, donde se observa, pero no se actúa; se opina, pero no se participa activamente en la construcción de soluciones.
Cuando la capacidad de asombrarse ante la injusticia se desvanece, también se pierde la creatividad y la habilidad de desarrollar patrones de cambio que podrían ofrecer más y mejores oportunidades a la comunidad. Esto es lo que se está implementando en la sociedad: un cierto grado de conformismo y mediocridad que permea todas las áreas del desarrollo integral del pueblo.
Para muchos, la reacción del gobierno no es solo ofensiva, sino una prueba más de la desconexión entre los líderes y la realidad de sus gobernados.
La situación se agrava aún más cuando observamos la descomunal concreción de actos de corrupción que parece haber tomado por completo la administración actual, como si quisieran demostrar que estos actos superaran los que en otros regímenes o administraciones anteriores se pudieron haber dado.
Las actuaciones incoherentes del mandatario y sus seguidores, tanto en cargos oficiales como en instituciones clave, dígase de Fiscalía, o entidades descentralizadas y próximamente la Procuraduría, si se cumple el vaticinio, ponen en tela de juicio la independencia de los poderes del Estado.
Esta apropiación de las instituciones, en lugar de servir al interés público, se ha convertido en una herramienta apoyadora para la ejecución de los actos ilegales o ilegítimos y la propiciación de la intención de perpetuación del poder.
Frente a este panorama, es difícil no entender por qué el grito de “¡Fuera Petro!” resuena con tanta fuerza en los espacios públicos. No es solo un abucheo al presidente, sino una manifestación del hartazgo generalizado, una llamada a retomar la capacidad de asombro y a rechazar la mediocridad y la corrupción que asfixian las esperanzas de un futuro mejor.
El derecho a abuchear y expresar descontento es, en esencia, una forma de resistencia ciudadana. Es el recordatorio de que la ciudadanía no está dispuesta a permanecer en silencio frente a la corrupción, la mala gestión y el abuso de poder.
Más allá de cualquier calificativo o descalificación que venga del gobierno, el abucheo representa una parte esencial del contrato social en una democracia, es la expresión concreta de la capacidad del pueblo de alzar la voz contra lo que considera injusto.
Así, mientras el grito de “¡Fuera Petro!” siga resonando, será un eco de la lucha por una Colombia que no solo contemple su realidad, sino que actúe con creatividad y coraje para construir un futuro más digno para todos.
Por: Alfonso Suárez Arias.
El grito de “¡Fuera Petro!” que se escucha en eventos públicos y privados refleja no solo el rechazo hacia el actual presidente, Gustavo Petro, sino también una profunda frustración por lo que la mayoría ciudadana considera un gobierno dudosamente elegido y carente de legitimidad.
En Colombia, el derecho a expresar descontento se ha manifestado de manera ruidosa y sin censura en los últimos tiempos.
El grito de “¡Fuera Petro!” que se escucha en eventos públicos y privados refleja no solo el rechazo hacia el actual presidente, Gustavo Petro, sino también una profunda frustración por lo que la mayoría ciudadana considera un gobierno dudosamente elegido y carente de legitimidad.
Este abucheo masivo es una muestra más del malestar colectivo y una reafirmación de los derechos ciudadanos en una democracia, donde expresar desacuerdo es parte fundamental del ejercicio político.
Es así que el abucheo debe ser visto como una forma de protesta, tan legítimo como cualquier otra manifestación en una democracia, llámese bloqueos, paros o desobediencia civil ya que en cierta forma representan la voz de quienes no encuentran en las vías institucionales una respuesta a sus preocupaciones.
La Constitución Colombiana protege el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica, y en este contexto, el abucheo se presenta como una herramienta de crítica ciudadana.
Sin embargo, el contraataque o respuesta del presidente Petro a estas expresiones ha sido catalogarlas como actos de odio, llegando incluso a llamar “asesinos” a los abucheadores.
Este tipo de reacción pone en evidencia no solo una incomprensión del derecho a la protesta, sino también una preocupante tendencia a descalificar y criminalizar la crítica, confundiendo el desacuerdo legítimo con un ataque personal o una amenaza violenta.
El problema no se limita solo al enfrentamiento verbal entre ciudadanos inconformes y el mandatario. Existe la percepción de que la sociedad colombiana ha perdido su capacidad de asombro ante la expedita manifestación de actos de corrupción, de la explícita incoherencia y de las abusivas actuaciones sin control de los funcionarios públicos.
Esta pérdida de la capacidad de asombro es peligrosa, ya que conduce a una vida superficial, donde se observa, pero no se actúa; se opina, pero no se participa activamente en la construcción de soluciones.
Cuando la capacidad de asombrarse ante la injusticia se desvanece, también se pierde la creatividad y la habilidad de desarrollar patrones de cambio que podrían ofrecer más y mejores oportunidades a la comunidad. Esto es lo que se está implementando en la sociedad: un cierto grado de conformismo y mediocridad que permea todas las áreas del desarrollo integral del pueblo.
Para muchos, la reacción del gobierno no es solo ofensiva, sino una prueba más de la desconexión entre los líderes y la realidad de sus gobernados.
La situación se agrava aún más cuando observamos la descomunal concreción de actos de corrupción que parece haber tomado por completo la administración actual, como si quisieran demostrar que estos actos superaran los que en otros regímenes o administraciones anteriores se pudieron haber dado.
Las actuaciones incoherentes del mandatario y sus seguidores, tanto en cargos oficiales como en instituciones clave, dígase de Fiscalía, o entidades descentralizadas y próximamente la Procuraduría, si se cumple el vaticinio, ponen en tela de juicio la independencia de los poderes del Estado.
Esta apropiación de las instituciones, en lugar de servir al interés público, se ha convertido en una herramienta apoyadora para la ejecución de los actos ilegales o ilegítimos y la propiciación de la intención de perpetuación del poder.
Frente a este panorama, es difícil no entender por qué el grito de “¡Fuera Petro!” resuena con tanta fuerza en los espacios públicos. No es solo un abucheo al presidente, sino una manifestación del hartazgo generalizado, una llamada a retomar la capacidad de asombro y a rechazar la mediocridad y la corrupción que asfixian las esperanzas de un futuro mejor.
El derecho a abuchear y expresar descontento es, en esencia, una forma de resistencia ciudadana. Es el recordatorio de que la ciudadanía no está dispuesta a permanecer en silencio frente a la corrupción, la mala gestión y el abuso de poder.
Más allá de cualquier calificativo o descalificación que venga del gobierno, el abucheo representa una parte esencial del contrato social en una democracia, es la expresión concreta de la capacidad del pueblo de alzar la voz contra lo que considera injusto.
Así, mientras el grito de “¡Fuera Petro!” siga resonando, será un eco de la lucha por una Colombia que no solo contemple su realidad, sino que actúe con creatividad y coraje para construir un futuro más digno para todos.
Por: Alfonso Suárez Arias.