Por Imelda Daza Cotes

En todas partes los problemas sociales causan descontento, inconformidad y generan acciones y reacciones de los ciudadanos que se expresan de muchas maneras, pacíficas a veces, airadas otras.

La protesta es un componente fundamental de toda democracia, por eso es un derecho humano. Gracias a la protesta, las sociedades han evolucionado y muchas democracias se han fortalecido; las manifestaciones populares son un motor de cambio y un importante ejercicio de las libertades de expresión, opinión, asociación y participación 

Como respuesta a los múltiples problemas que hay en Colombia, se han agitado los movimientos sociales que ahora impulsan protestas, paros y manifestaciones; está aprobada una gran movilización nacional el próximo 19. En este contexto se dan en el Cesar el paro minero contra la Drummond y  la huelga de los estudiantes de la UPC.  Los primeros exigen mejoras importantes en sus condiciones laborales y los segundos reclaman becas en vez de créditos estudiantiles. En estos, como en casi todos los casos, las huelgas son el último recurso al que apelan las organizaciones cuando el diálogo y la conciliación son inviables.

De los  logros y conquistas de estas luchas populares se benefician no sólo los grupos sociales organizados sino la comunidad en general. Sin embargo, parece que una parte de los ciudadanos y algunos medios de comunicación, en actitud intolerante, se empeñan en oponerse a los reclamos y a las huelgas. Se dice entonces que la huelga de los mineros perjudica a los transportadores, a los restaurantes y al comercio en las poblaciones vecinas a la mina y que el departamento deja de percibir regalías; es decir, parecen enormes los perjuicios sociales. A los estudiantes se les acusa de ventajismo, revoltosos sin causa, saboteadores del calendario académico. Tendenciosamente se esconden o se tergiversan los argumentos de quienes protestan para descalificarlos e ilegitimizar sus acciones. Flaco favor se le hace a nuestra precaria democracia cuando, en vez de entender la indignación de la gente, comprender sus argumentos y solidarizarse con la protesta, ésta se estigmatiza y se mira desde una perspectiva represiva.

Los trabajadores mineros tienen todo el derecho a exigir mayores salarios, mejores condiciones laborales y más atención a los nocivos efectos ambientales de la minería. 

Los estudiantes de la UPC, poniendo en práctica la objeción de conciencia, deben renegar del ordenamiento jurídico que les afecta y exigir EDUCACIÓN GRATUITA y de mejor calidad. Deben además, insistir en el fin de la confrontación armada que  libere recursos del Estado para  la educación, la salud y el bienestar de los colombianos