Por Luis Augusto González Pimienta

No se enterará el señor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, de la repulsión que su arrogancia le genera a un columnista de provincia. Y si se entera poco le ha de importar. Pero a manera de catarsis confieso sin rubor, que cada vez que sale por la televisión cambio de canal. No lo soporto. Descubrí que esa aversión se remonta al tiempo en que fue el único que salió sin mácula del publicitado escándalo de Dragacol, emblemático caso de corrupción en que se vieron involucrados personajes de alto coturno, a pesar de haber sido el ministro de Transporte que solicitó y avaló la conciliación que resultó gravosa para el erario.

En premio a su mala gestión sigue ocupando lugar preponderante en la política y la sociedad colombianas. Es un intocable. 

Comenzando este octubre, el señor Cárdenas radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para extender un año más el principio del desmonte del gravamen a los movimientos financieros, conocido como cuatro por mil. Conforme al proyecto solo a partir de 2015 se daría la reducción, empezando por un dos por mil.

La historia comenzó en 1998 cuando el gobierno impuso por decreto un gravamen del dos por mil  sobre las operaciones bancarias. Se dijo que era temporal y que regiría hasta el 31 de diciembre de 1999. Después, la ley 633 de 2000 le dio carácter de permanente y lo incrementó al tres por mil, y más adelante la ley 863 de 2003 lo subió al cuatro por mil. Ahí se estacionó.

Estaba previsto empezar el desmonte gradual del impuesto el próximo año, atendiendo el clamor de los bancos, que una vez superada la crisis de la cual los salvó el gravamen, han presenciado la desbandada de sus clientes que prefieren gastar sus ahorros o guardarlos debajo del colchón antes que verlos menguados hasta el ocaso en un banco. Los gremios se sumaron a la petición de los banqueros.

Pero al gobierno no le agrada despojarse de este ingreso que le ha servido para tapar huecos, especialmente cuando no tiene previsto cómo cubrir su falta. Es verdad sabidaque en nuestro país nada de lo que sube baja y que lo temporal se vuelve permanente. Por ende, nos tocará aguantarnos quién sabe por cuánto tiempo más el confiscatorio gravamen, cuyo desmonte se aplazará por solicitud del antipático funcionario y por decisión borreguil de una unidad congresal dominante.

Pedro Pueblo deberá esperar. Y probablemente presenciará sin chistar, que una vez cumplido el cometido de extender la vigencia del desangrador impuesto, al  mefistofélico ministro lo premien con un cargo diplomático a su altura, que no es poca cosa.

Valledupar, 6 de octubre de 2013