Aunque según el plazo inicial del contrato de $16.019 millones, la obra debía estar lista el próximo 19 de marzo, tras 13 meses de trabajo, la vía solo tiene un avance del 33 %.
En el municipio de Curumaní hay preocupación por el presente y futuro del convenio administrativo que firmó la Alcaldía con el Invías para construir 6,5 kilómetros de pavimentación en la vía que va al corregimiento de El Mamey.
Aunque según el plazo inicial del contrato de $16.019 millones, la obra debía estar lista el 19 de marzo, tras 13 meses de trabajo la vía solo tiene un avance del 33 %.
Entre los habitantes y veedores hay preocupación porque el ‘Consorcio Vías Curumaní’, el encargado del mejoramiento y mantenimiento de la vía, ya recibió un anticipo del 50 % del contrato (alrededor de $8.009 millones), más el pago de otro 25 % a través de seis actas, que suman el 75 % del valor total del contrato. No obstante, dicha inversión no se ve reflejada en la ejecución.
“La gente en El Mamey está preocupada. Tantos años luchando para que intervinieran esta vía porque estaba en pésimo estado, y ahora que se presenta esta oportunidad se nos está saliendo de las manos por incumplimientos”, señaló un líder comunitario del corregimiento que pidió reserva porque está participando en las mesas de seguimiento.
La construcción de la vía de acceso al corregimiento de El Mamey ha estado marcada por bloqueos, denuncias y paros. “Desde el comienzo la comunidad le advirtió al municipio que la vía no estaba avanzando bien. Inicialmente, el convenio se planteó para construir 10,5 kilómetros. Cuando lo rediseñaron se bajó a 6,2 kilómetros bajo el sustento que tendría más volúmen de terraplén y quedaría por encima de los potreros”, aseguró Alex Oliveros, concejal de Curumaní.
El primer paro lo realizó la comunidad de El Mamey, argumentando que no habían cumplido la promesa de contratar personal del corregimiento para trabajar en la obra.
Luego hubo otra suspensión porque no le pagaban al contratista encargado de proveer el concreto; y finalizando el 2024 se interrumpieron nuevamente los trabajos porque los operadores de la maquinaria pararon exigiendo que les pagaran.
En el 2025 no cambió el panorama. A mediados de enero de este año, la comunidad volvió a bloquear por el poco avance de la obra y por los retrasos en los pagos. El último bloqueo lo protagonizaron los proveedores del material de terraplén y los transportadores.
Tras consultar a la administración municipal, EL PILÓN conoció un documento que presentó el contratista en el que contaba las posibles razones por las que se han registrado atrasos, además pedía una nueva suspensión en la obra.
El contratista argumenta dos razones. La primera es la demora de Corpocesar al momento de entregar un permiso para intervenir una quebrada.
Y segundo, el consorcio ha denunciado presiones por parte de grupos armados al margen de la ley presentes en la zona. “Hemos recibido amenazas directas provenientes de integrantes del grupo armado al margen de la ley ELN en los cuales exigen pagos de dinero a la gerencia de la empresa. Estas intimidaciones, que han sido formalmente denunciadas ante la fiscalía general de la Nación, han generado un clima de inseguridad e incertidumbre que pone en riesgo la integridad del equipo de trabajo, impidiendo el normal desarrollo de las actividades contractuales”.
Mientras avanza la solicitud de suspensión, el contratista avanza con los trabajos. Pero, ¿quiénes son los contratistas? El ‘Consorcio Vías Curumaní’ está representado legalmente por Maira Alejandra Cuello Márquez, e integrado por Mic Construcciones S.A.S., en un 80 %, representada legalmente por José Luis Daza Mendoza, y la empresa Geoestructuras Zambrano S.A.S. Zomac, con el 20 %, representada legalmente por Eid Dante Jose Rafael Paez Suz.
Sin embargo, quien ha atendido a la comunidad de El Mamey y asistido a los debates es Jesús Vargas, contratista y empresario de medios de comunicación. “En el Concejo municipal estuvo Jesús Vargas discutiendo con el funcionario de Corpocesar. También ha dado la cara a la comunidad. Él ha sido el responsable, es el que va a los comités de obra en El Mamey. Es el que ha frenteado eso. Allá no conocemos al representante legal”, señaló un concejal del municipio.
Versión que fue ratificada por un líder comunal. “Desde la socialización de la inversión, que se hizo en la KZ Rincón Caleño en el corregimiento de El Mamey, con la presencia del alcalde y los funcionarios de Invías, quien ha tenido la vocería y ha sido interlocutor ante las autoridades y la comunidad ha sido el señor Jesús Vargas. En todos las actuaciones se presenta y ejerce como ‘el contratista responsable de la obra’”.
Este contrato cobra relevancia en medio del escándalo del Invías. Esta semana se conoció que la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a 28 congresistas mencionados por María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por un presunto escándalo de corrupción en los convenios firmados por el Invías.
Recomendado: José Alfredo Gnecco, entre los senadores involucrados en el escándalo de Invías
En la lista aparece el senador por el partido de la U, José Alfredo Gnecco, natural del departamento del Cesar, y quien durante la presentación del proyecto fue mencionado como uno de los gestores del Gobierno nacional.
Aunque según el plazo inicial del contrato de $16.019 millones, la obra debía estar lista el próximo 19 de marzo, tras 13 meses de trabajo, la vía solo tiene un avance del 33 %.
En el municipio de Curumaní hay preocupación por el presente y futuro del convenio administrativo que firmó la Alcaldía con el Invías para construir 6,5 kilómetros de pavimentación en la vía que va al corregimiento de El Mamey.
Aunque según el plazo inicial del contrato de $16.019 millones, la obra debía estar lista el 19 de marzo, tras 13 meses de trabajo la vía solo tiene un avance del 33 %.
Entre los habitantes y veedores hay preocupación porque el ‘Consorcio Vías Curumaní’, el encargado del mejoramiento y mantenimiento de la vía, ya recibió un anticipo del 50 % del contrato (alrededor de $8.009 millones), más el pago de otro 25 % a través de seis actas, que suman el 75 % del valor total del contrato. No obstante, dicha inversión no se ve reflejada en la ejecución.
“La gente en El Mamey está preocupada. Tantos años luchando para que intervinieran esta vía porque estaba en pésimo estado, y ahora que se presenta esta oportunidad se nos está saliendo de las manos por incumplimientos”, señaló un líder comunitario del corregimiento que pidió reserva porque está participando en las mesas de seguimiento.
La construcción de la vía de acceso al corregimiento de El Mamey ha estado marcada por bloqueos, denuncias y paros. “Desde el comienzo la comunidad le advirtió al municipio que la vía no estaba avanzando bien. Inicialmente, el convenio se planteó para construir 10,5 kilómetros. Cuando lo rediseñaron se bajó a 6,2 kilómetros bajo el sustento que tendría más volúmen de terraplén y quedaría por encima de los potreros”, aseguró Alex Oliveros, concejal de Curumaní.
El primer paro lo realizó la comunidad de El Mamey, argumentando que no habían cumplido la promesa de contratar personal del corregimiento para trabajar en la obra.
Luego hubo otra suspensión porque no le pagaban al contratista encargado de proveer el concreto; y finalizando el 2024 se interrumpieron nuevamente los trabajos porque los operadores de la maquinaria pararon exigiendo que les pagaran.
En el 2025 no cambió el panorama. A mediados de enero de este año, la comunidad volvió a bloquear por el poco avance de la obra y por los retrasos en los pagos. El último bloqueo lo protagonizaron los proveedores del material de terraplén y los transportadores.
Tras consultar a la administración municipal, EL PILÓN conoció un documento que presentó el contratista en el que contaba las posibles razones por las que se han registrado atrasos, además pedía una nueva suspensión en la obra.
El contratista argumenta dos razones. La primera es la demora de Corpocesar al momento de entregar un permiso para intervenir una quebrada.
Y segundo, el consorcio ha denunciado presiones por parte de grupos armados al margen de la ley presentes en la zona. “Hemos recibido amenazas directas provenientes de integrantes del grupo armado al margen de la ley ELN en los cuales exigen pagos de dinero a la gerencia de la empresa. Estas intimidaciones, que han sido formalmente denunciadas ante la fiscalía general de la Nación, han generado un clima de inseguridad e incertidumbre que pone en riesgo la integridad del equipo de trabajo, impidiendo el normal desarrollo de las actividades contractuales”.
Mientras avanza la solicitud de suspensión, el contratista avanza con los trabajos. Pero, ¿quiénes son los contratistas? El ‘Consorcio Vías Curumaní’ está representado legalmente por Maira Alejandra Cuello Márquez, e integrado por Mic Construcciones S.A.S., en un 80 %, representada legalmente por José Luis Daza Mendoza, y la empresa Geoestructuras Zambrano S.A.S. Zomac, con el 20 %, representada legalmente por Eid Dante Jose Rafael Paez Suz.
Sin embargo, quien ha atendido a la comunidad de El Mamey y asistido a los debates es Jesús Vargas, contratista y empresario de medios de comunicación. “En el Concejo municipal estuvo Jesús Vargas discutiendo con el funcionario de Corpocesar. También ha dado la cara a la comunidad. Él ha sido el responsable, es el que va a los comités de obra en El Mamey. Es el que ha frenteado eso. Allá no conocemos al representante legal”, señaló un concejal del municipio.
Versión que fue ratificada por un líder comunal. “Desde la socialización de la inversión, que se hizo en la KZ Rincón Caleño en el corregimiento de El Mamey, con la presencia del alcalde y los funcionarios de Invías, quien ha tenido la vocería y ha sido interlocutor ante las autoridades y la comunidad ha sido el señor Jesús Vargas. En todos las actuaciones se presenta y ejerce como ‘el contratista responsable de la obra’”.
Este contrato cobra relevancia en medio del escándalo del Invías. Esta semana se conoció que la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a 28 congresistas mencionados por María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por un presunto escándalo de corrupción en los convenios firmados por el Invías.
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En la lista aparece el senador por el partido de la U, José Alfredo Gnecco, natural del departamento del Cesar, y quien durante la presentación del proyecto fue mencionado como uno de los gestores del Gobierno nacional.