El Comité Internacional de la Cruz Roja, en un documento de diciembre pasado, “considera que hay al menos cinco conflictos armados no internacionales (CANIS) en Colombia” y probablemente un sexto con “otros actores armados que se reclaman herederos de las Farc-EP”.

Para el Estado es legítimo utilizar la fuerza contra los grupos que participan en un CANI “en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”. En ese marco, para los Estados es lícito usar unas armas y desplegar unos niveles de intensidad en el uso de la fuerza que no serían tolerables a la luz de los derechos humanos.

Así que, en contra del discurso santista y de la izquierda, y como lo hemos afirmado en muchas ocasiones, en Colombia no solo no hay “paz”, sino que:

1. Como bien dice el CICR, “en la actualidad, en Colombia coexisten conflictos armados regidos por el DIH y otras situaciones de violencia gobernadas por el derecho interno y los derechos humanos”. Eso supone que hay que tener especial cuidado en evaluar la operación de la Fuerza Pública en cada ocasión y en definir con claridad el régimen jurídico y las reglas operacionales aplicables.
2. Requiere también definir con precisión los marcos de la justicia penal militar y de la justicia ordinaria y que los jueces de conocimiento tengan profundo conocimiento del DIH y del derecho operacional.
3. Supone que la doctrina militar no sea la de un “postconflicto”, sino una acorde con los CANIS que se enfrentan, los grupos armados que operan, y las agresiones que se producen contra civiles, policías y soldados.
4. Plantea la necesidad de atacar eficaz y eficientemente la minería ilegal y el narcotráfico, sus fuentes de financiación.
5. Hace indispensable que se desarrolle una estrategia integral estatal, no solamente militar, para consolidar la presencia del Estado en las áreas en disputa.
6. Urge el desarrollo de una estrategia geopolítica y diplomática para que termine el respaldo internacional de ciertos países a algunos de esos grupos.
7. Exige que el presupuesto de las Fuerzas Militares y la Policía sea el adecuado para enfrentar y ganar esos CANIS.
8. Abre el tremendo reto de, al mismo tiempo, a. consolidar la reinserción de los desmovilizados de las Farc, b. examinar los vínculos de algunos para verificar que su desmovilización sea real y que no sigan delinquiendo mientras que aprovechan los regalos del acuerdo con Santos (hay que resolver las dudas sobre si las “disidencias” son reales o estratégicas y si las “reincidencias” son o no parte de un plan), y c. adelantar acciones contundentes contra los grupos que hoy participan en las hostilidades.

  ¿Postconflicto?  Definitivamente no, apenas un posacuerdo que, desde varios sentidos, hace aún más difícil la acción del Estado y plantea nuevos desafíos.