En días pasados mencionamos que había que buscar un gana-gana con las compañías mineras cuando todos requerimos de su contribución para reactivar la economía regional.

Mientras se va perfilando la proyectada transición energética, que se consolidará en el largo plazo, toca (re) activar todas las fuerzas productivas, especialmente aquellas cuya expansión pudiera darse, sin comprometer recursos públicos, en un plazo corto, generando empleo y dinero que lo ansiamos para las arcas públicas en momento de creciente déficit para sostener un programa fuerte de infraestructura de obras y servicios, como la salud, que supla también la debilidad de los municipios y departamento que, por el efecto de la pandemia verán disminuidos los recaudos de impuestos. 

Por supuesto al solicitar Prodeco la suspensión de sus contratos de Calenturitas y La Jagua, por 3 y 6 meses, respectivamente, hizo una manifestación general sobre los aspectos sociales, laborales y de preservación de sus activos. Esto último comprende los aspectos de geotecnia y estabilidad;  y continuidad de sus obligaciones ambientales. La primera evaluación de cumplimiento la hará la autoridad minera a la  luz de los contratos vigentes y su aplicación sin menoscabo del interés y patrimonio públicos; y conservar y ojalá aumentar los empleos u demanda de bienes locales.

Mencionamos elementos de continuidad de ciertos programas de Prodeco:

Que se continúe con el cumplimiento de las responsabilidades por ‘compensación’ por pérdida de la biodiversidad, las cuales por ley hay que responderle al Estado, entre ellas, el modelo de plan integral de compensación forestal Vivo Perijá que se desarrolla con el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar PDPC y La Ong Paisajes Rurales.

Que se avance con las compensaciones pendientes por uso y afectación de aguas.

Que se dé cumplimiento al proceso de reasentamiento de las comunidades de Boquerón y el Hatillo con la participación de las otras empresas, de la comunidad y el Estado.

Aprovechar el cierre minero que se dará, para Prodeco en unos 14  años, y en donde se puede hacer un auténtico modelo de participación ciudadana para el territorio, planificando el adecuado aprovechamiento de la infraestructura que allí quedará puesta al servicio de nuevas iniciativas productivas y de servicio para el desarrollo sostenible de la región.

Resaltamos que Prodeco estuvo liderando junto a otras  empresas, otras del Estado, de la cooperación internacional y de la sociedad civil, con la secretaría técnica del PDPC, el Comité  interinstitucional por el Desarrollo del Corredor Minero. Hay memorias de este proceso, hay proyectos en ejecución y un camino.  La participación de la minera -junto a lo que con otro enfoque hace Drummond- superando los graves errores iniciales, ha recuperado paulatinamente la confianza de la gente de las zonas del corredor en la minería y la intención genuina de dejar sembrada una capacidad, una disponibilidad, un conocimiento en materia ambiental y productiva. Ese proceso debe continuar.